La Consejería de Educación y la Junta de Personal Docente avanzan en el acercamiento de posturas para lograr un acuerdo sobre la adecuación salarial retributiva del profesorado, con la opción de ampliar el marco temporal del periodo de aplicación del acuerdo un año más, hasta 2029.
El titular de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, ha calificado de «avance» la propuesta, que ha surgido en esta séptima reunión de la ronda de negociaciones, en la que la Consejería muestra su disposición a rebajar las horas de formación para los sexenios y adelantar la calendarización de los mismos, de modo que el cobro del primero podría ser en septiembre de 2026.
En palabras de Silva se trata de un escenario que «nunca se había contemplado» porque supone ir a un acuerdo de cinco años, lo que permitiría alcanzar un acuerdo de «envergadura», pero para ello ha reclamado la necesidad de contar con un «suelo presupuestario» que permita a la Administración cumplir con la regla de gasto.
«Estaríamos hablando de un acuerdo a cinco años que permitiría absorber con mayor progresividad ese impacto, es verdad que nunca se ha hecho un acuerdo de este tipo, pero permitiría plantearnos como asumible ese impacto económico».
Tal y como ha explicado, la Junta había pedido un incremento en la parte lineal de 30 euros a lo que el Gobierno ha respondido con dos posibilidades: absorber esa subida de 30 euros a través de los sexenios o ir a un acuerdo de cinco años.
Avanzamos en la adecuación salarial para mejorar las condiciones de los docentes
La propuesta abordada en la reunión de hoy supondría un acuerdo a cinco años con una primera subida de 60 euros que se abonaría a partir de enero de 2026, pero retroactiva a septiembre de 2025, y los cuatros años restantes sería de 30 euros, y se irían pagando año a año, el último en septiembre de 2029, una medida que requeriría de un presupuesto cada año, y que se introduciría en el acuerdo como «cláusula de salvaguarda», para abordarlo, según ha apuntado.
«Se trata de un ejercicio de responsabilidad», ha afirmado el consejero, por lo que ha invitado al resto de organizaciones políticas, tanto PSOE como PRC, que se han manifestado «por activa y por pasiva» a favor de llegar a un acuerdo su «apoyo para aprobar esos presupuestos que lo faciliten». «Nos han pedido el esfuerzo para llegar a un acuerdo y lo tenemos a nuestro alcance», ha sentenciado, «por tanto, si se han manifestado a favor de un acuerdo salarial que se posicionen a favor de ese acuerdo y que lo demuestren con hechos aportando ese suelo presupuestario».
Calendarización de sexenios y horas de formación
Además, y en lo relativo a la calendarización de los sexenios la Junta pide que el cobro del primero, fijado para el 1 de septiembre de 2027, se adelante un año, una demanda que se estudiara desde el Gobierno para determinar, tanto su impacto económico como la incidencia en la gestión de la acreditación de la formación y cómo ésta se puede llevar a efecto dentro del engranaje de la Consejería.
Otra de las demandas sindicales, la relativa a la reducción en las horas de formación requeridas para la obtención de sexenios, el consejero ha dejado abierta la puerta a una revisión, si bien ha considerado que la propuesta de la Junta de una bajada a 150 frente a las 200 que exige la Administración, «nos parece que se queda por debajo de lo necesario en formación para implementar las políticas educativas, pero no nos apartamos de revisar esa propuesta».
Desde la Consejería se ha solicitado a la Junta por escrito la remisión de sus propuestas, algo que las organizaciones sindicales se han comprometido a enviar en las próximas 24 horas, para desde el Ejecutivo hacer un cálculo y estudiar ese impacto de las horas y la calendarización de los sexenios
Para ello han quedado emplazados para otra reunión y el consejero ha asegurado que comunicará al Consejo de Gobierno los avances alcanzados, aunque se ha mostrado cauto al señalar que, «no es, que haya una base de principio de acuerdo, pero hoy hemos avanzado mucho», al tiempo que ha reconocido el esfuerzo de la Junta de Personal en adaptar sus demandas y la flexibilidad del Ejecutivo ampliando su aplicación un año más.
