El Gobierno de Cantabria estudia acciones judiciales y solicitar medidas cautelarísimas ante la resolución de la alcaldesa del Ayuntamiento de Cartes en la que ordena la inmediata paralización de la actividad del hogar de acogida de emergencia.
Así lo ha anunciado la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, quien ha comparecido hoy en rueda de prensa, junto a la directora del ICASS, Carmen Arce, tras conocer este mediodía la decisión de la alcaldesa de Cartes que implicaría “dejar en la calle y sin alternativa a los dos primeros menores no acompañados que ya han llegado al centro”.
“Un hecho gravísimo”, que incluye la amenaza de precintar el edificio y cortar los suministros de agua y energía, “cuestión que está prohibida por la ley cuando estamos hablando de personas vulnerables”, según ha destacado la consejera. Además, ha revelado que en el escrito “amenaza con desalojar con multas coercitivas en el caso de que la actividad no se paralice”.
Gómez del Río ha defendido que, frente a la normativa urbanística en la que se ampara la edil socialista para ordenar la inmediata paralización, “debe prevalecer la normativa de servicios sociales y, sobre todo, la protección del menor”, y ha explicado que este “recurso convivencial” no requiere autorización previa ni autorización de funcionamiento, y solo es necesaria su inscripción en el registro de servicios sociales.
Además, la consejera, nada más conocer la decisión de la alcaldesa de Cartes, ha llamado a la ministra de Infancia y Adolescencia, Sira Rego, aunque no ha podido hablar con ella, y sí lo ha hecho con los secretarios de Estado de Servicios Sociales y el de Infancia, que han mostrado “incredulidad” ante la decisión del Ayuntamiento de Cartes.
«La resolución municipal pone en riesgo el hogar de acogida destinado a menores»
También ha intentado ponerse en contacto con el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, con el que no ha conseguido hablar, según ha revelado la consejera.
“Es gravísimo lo que esta regidora ha realizado con esta resolución poniendo en entredicho la tranquilidad de la acogida”, ha valorado Gómez del Río, que ha rechazado la alarma social que ha intentado generar la alcaldesa —“ha indicado textualmente que todos los municipios estén alertas”— y ha avanzado que se “están analizando jurídicamente” las “actitudes” de esta alcaldesa desde que comenzaron “estos desagradables acontecimientos el pasado miércoles”.
“Son actitudes que nunca hubiéramos esperado de nadie y menos de una alcaldesa del Partido Socialista que se ha encargado de manifestar en numerosas ocasiones la falta de humanidad del Partido Popular en la acogida de personas migrantes y alegaba solidaridad”, ha criticado la titular de Inclusión Social, que ha señalado que “se están analizando”.
La mayor de las deslealtades institucionales
Begoña Gómez del Río, además, ha acusado a la alcaldesa socialista de la “mayor de las deslealtades institucionales que se puede pensar”, ya que la alcaldesa ha firmado esta resolución, que ordena la inmediata paralización, anoche tras haberse reunido con el delegado del Gobierno, Pedro Casares, y la consejera, a petición de esta y con el objetivo de “rebajar tensión y establecer un entorno sereno y medidas para que la llegada de menores se produjera sin tensión”.
La consejera ha explicado que, durante ese encuentro, las tres instituciones se intercambiaron información “con el único objetivo de garantizar la seguridad de los menores y del cuidador”, y la consejera informó de la llegada en la jornada de hoy de los primeros menores, un dato que ya conocía la Delegación del Gobierno, según ha explicado.
“En ningún momento, la alcaldesa indicó que tuviera la intención de paralizar la protección de estos menores”, ha asegurado la titular de Inclusión Social, que ha explicado que en ese encuentro acordaron “actuar coordinadamente con la finalidad de rebajar tensión y de procurar ese entorno y ese escenario de calma y de tranquilidad”.
“La alcaldesa de Cartes ha notificado esta mañana una resolución que firmó anoche a las 21.14 horas, después de que supiera que hoy iban a vivir en esa casa menores”, ha denunciado.
Frente a este comportamiento, la consejera ha explicado que el Ejecutivo ha respetado la lealtad institucional y, por eso, ha autorizado la visita que los servicios sociales del ayuntamiento habían solicitado, han trasladado toda la documentación que habían solicitado junto a un informe de la inspección de los servicios sociales y están preparando una copia del expediente de adquisición del inmueble que ha pedido la alcaldía.
Que me diga el delegado del Gobierno de Sánchez y la alcaldesa dónde quieren que vivan los menores
La consejera de Inclusión ha insistido en que la acogida de menores migrantes no acompañados es una imposición legal del Gobierno de Pedro Sánchez y ha recordado que las competencias en extranjería son del Gobierno central y las de protección efectiva de menores son del Gobierno de Cantabria.
“Lo que quiero es que el Gobierno de España, el delegado del Gobierno y la alcaldesa me digan qué quieren que haga con estos menores puesto que, lo digo y lo repito, estamos actuando por una imposición legal, con una imposición de Sánchez”, ha afirmado la consejera.
