El sindicato ACAIP-UGT ha denunciado hoy que el penal de El Dueso se haya quedado sin personal médico propio tras la jubilación de toda su plantilla y la falta de reposición de las siete plazas previstas. Según el sindicato, el Ministerio del Interior ha solucionado esta situación con la privatización del servicio y la contratación de una empresa durante 60 horas mensuales.
El sindicato critica que 400 personas internas se queden sin asistencia médica pública y que se recurra “al parche insuficiente de la contratación de una empresa privada por solo 60 horas mensuales o 15 semanales, lo que colapsará los servicios de urgencias del Hospital de Valdecilla”.
ACAIP-UGT, sindicato mayoritario en las instituciones penitenciarias españolas, considera inaceptable que en la actualidad la prisión santoñesa “no tenga ni un solo médico en activo, lo que deja a la población interna sin la asistencia sanitaria mínima estipulada por la ley”.
«La prisión de El Dueso afronta una grave falta de personal médico»
Para el sindicato, “solucionar esta carencia de profesionales médicos públicos con la contratación de la empresa Emocional Technologies 22 SL por un coste anual aproximado de 60.000 euros es una chapuza y, a todas luces, insuficiente para atender a centenares de reclusos, muchos de ellos con patologías crónicas, psiquiátricas y graves dependencias”.
Además, ACAIP-UGT subraya que “la falta de médicos en el interior de la prisión generará un efecto dominó que afecta directamente a la sanidad pública cántabra y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado porque es incuestionable que provocará saturación hospitalaria por la ausencia de diagnóstico previo en el propio centro penitenciario y afectará a la seguridad ciudadana en la custodia y vigilancia durante esos desplazamientos al Hospital de Valdecilla”.
El sindicato agrega que “también es preocupante que personal externo de una empresa privada tenga acceso a expedientes clínicos e información altamente sensible de la población reclusa, una tarea que siempre ha recaído en personal funcionario bajo estrictos protocolos de seguridad y confidencialidad”.
ACAIP-UGT exige a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias “soluciones reales y estables” y recuerda que la propia normativa legal, la Ley 16/2003, obligaba a la integración de la sanidad penitenciaria en los servicios de salud autonómicos hace más de dos décadas, “un mandato que el Gobierno sigue incumpliendo mientras el sistema sanitario de las prisiones se desmorona”.
Fuente: Unión General de Trabajadores de Cantabria
