El número 8 de Santa Clara, con tres viviendas alquiladas y locales comerciales en uso, deberá quedar vacío mientras se ejecutan las medidas de apuntalamiento y estabilización.
El Ayuntamiento de Santander ha ordenado el desalojo preventivo del edificio situado en el número 8 de la calle Santa Clara y ha requerido a la empresa propietaria para que proceda a su apuntalamiento completo y adopte las medidas necesarias para garantizar la seguridad del inmueble.
Los inquilinos de las tres viviendas que continúan ocupadas en régimen de alquiler y los locales comerciales disponen de un plazo máximo de 48 horas para abandonar el edificio.
La decisión se adopta a partir de los informes de los técnicos municipales y de la documentación aportada por la dirección facultativa de las obras que se están desarrollando en el inmueble. Los técnicos consideran necesario que el edificio permanezca desalojado mientras se realizan las operaciones de apuntalamiento y estabilización estructural que afecten a elementos resistentes o impliquen transferencias de cargas.
La empresa propietaria había adquirido la totalidad del edificio y posteriormente inició trabajos de reforma interior. Tras las demoliciones de tabiquería realizadas en una parte considerable del inmueble, las pruebas efectuadas para comprobar el estado de los materiales de la estructura determinaron que, en la situación actual, no puede garantizarse la seguridad del edificio.
Ante estos resultados, se ha establecido la necesidad de apuntalar en primer lugar todo el inmueble y realizar posteriormente un estudio que determine las actuaciones de refuerzo estructural que deberán acometerse.
Dos semanas para completar el apuntalamiento del edificio de la calle Santa Clara
La propiedad dispondrá de un plazo de dos semanas para realizar el apuntalamiento completo e incorporar las medidas adicionales que sean necesarias para garantizar la seguridad.
Los servicios municipales harán un seguimiento de los trabajos durante los próximos días para comprobar el cumplimiento de la orden. La ocupación de las viviendas no podrá autorizarse de nuevo hasta que se verifique que se han ejecutado el apuntalamiento y las restantes medidas exigidas.
El concejal de Fomento, Agustín Navarro, ha señalado que la prioridad municipal es garantizar la seguridad de las personas afectadas y reducir el tiempo que tengan que permanecer fuera de sus viviendas. «Nuestra obligación es anteponer la seguridad de los vecinos y conseguir que puedan regresar a sus casas cuanto antes y con todas las garantías», ha afirmado.
La orden contempla además posibles sanciones en caso de incumplimiento. Si transcurren doce días sin que se haya ejecutado en los términos establecidos, el Ayuntamiento podrá imponer a la propiedad una primera multa de 3.000 euros. Si la situación persiste, las sanciones podrán reiterarse hasta alcanzar el límite del valor de las obras que deban realizarse para cumplir el deber legal de conservación.
El Ayuntamiento pondrá también los servicios sociales municipales a disposición de la propiedad y de los inquilinos afectados para prestarles apoyo durante el periodo en el que tengan que permanecer fuera del inmueble.
