Juventudes Regionalistas de Cantabria ha denunciado retrasos en el desarrollo de la Ley de Juventud de Cantabria y ha reclamado al Gobierno autonómico que constituya el Consejo de Políticas de Juventud y presente el primer Plan Integral. Su secretario general, Alejandro Pascual, considera que la falta de avances impide trasladar los objetivos de la norma a medidas concretas para los jóvenes.
La organización juvenil regionalista acusa al Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga de incumplir los compromisos adquiridos para desarrollar la legislación, que entró en vigor hace nueve meses, según ha señalado Pascual. A su juicio, la ausencia de los instrumentos previstos limita la aplicación efectiva de una norma concebida para impulsar las políticas de juventud en Cantabria.
«Tenemos una ley en vigor, pero no se traducirá en políticas reales ni responderá a las necesidades de los jóvenes de Cantabria mientras no se pongan en marcha los instrumentos previstos para su desarrollo», ha advertido el secretario general.
Pascual ha recordado que la ley surgió de una propuesta elaborada por Juventudes Regionalistas y asumida posteriormente por el Partido Regionalista de Cantabria, que negoció con el Partido Popular un acuerdo para facilitar su aprobación. El desarrollo de la norma también quedó recogido en el pacto presupuestario de 2025.
La organización considera que, pese a ese acuerdo, el Gobierno no ha avanzado al ritmo comprometido en la puesta en marcha de los mecanismos necesarios para aplicar la legislación.
Los plazos de la Ley de Juventud de Cantabria que cuestiona Juventudes Regionalistas
Una de las principales críticas se refiere a la constitución del Consejo de Políticas de Juventud. Según ha explicado Pascual, el Gobierno aprobó el decreto que regula este órgano el pasado 12 de marzo y la disposición entró en vigor el día 20 de ese mismo mes.
Sin embargo, Juventudes Regionalistas denuncia que, transcurridos más de seis meses, el Consejo todavía no se ha constituido. La organización considera que esta situación dificulta el desarrollo de las actuaciones previstas en la ley.
El otro punto de discrepancia es el primer Plan Integral de Juventud, concebido como el instrumento encargado de concretar los objetivos de la norma en actuaciones. Pascual sostiene que el documento debía presentarse ante el Consejo en un plazo máximo de seis meses desde la aprobación de su regulación, un periodo que, según la organización, finalizó el 12 de septiembre.
«Lo más grave es que el Gobierno tenía que haber presentado el Plan ante un Consejo que ni siquiera ha constituido y eso evidencia que el desarrollo de la Ley se ha quedado atascado», ha afirmado.
El secretario general ha señalado que Juventudes Regionalistas ya había anunciado, antes de la aprobación de la norma, su intención de supervisar el cumplimiento de los compromisos alcanzados para garantizar su aplicación.
En este sentido, ha insistido en que la organización continuará reclamando avances y ha pedido a la presidenta de Cantabria que impulse la constitución del Consejo y la presentación del Plan Integral.
«Hoy estamos haciendo exactamente lo que dijimos: comprobar si la Ley se cumple. Y lo que constatamos es que el Gobierno ha dejado pasar los plazos y tiene paralizados instrumentos fundamentales», ha manifestado Pascual.
Juventudes Regionalistas exige que ambos instrumentos se pongan en marcha sin más demoras y considera necesario que el Ejecutivo concrete las actuaciones destinadas a desarrollar la legislación.
Las críticas recogidas corresponden a la posición expresada por la organización regionalista. La información facilitada no incluye una respuesta del Gobierno de Cantabria sobre los plazos señalados ni sobre la situación actual de los dos instrumentos reclamados.
