La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Cantabria, de la que forma parte UGT, instará a los grupos parlamentarios a presentar una enmienda a la totalidad contra el proyecto de Ley de Salud Digital planteado por el Gobierno regional porque «expone el historial médico de los ciudadanos a empresas privadas».
Según aclararon en una rueda de prensa Antonio Jiménez y Fernando Rodero, portavoces de la plataforma sanitaria cántabra, el proyecto de Ley de Salud Digital de Cantabria, que se adelanta a la propia legislación estatal en este concepto, «tiene los mismos fundamentos privatizadores que otras medidas adoptadas por este Gobierno».
«Es un texto legislativo que, de acuerdo con un informe elaborado por juristas para nuestra Plataforma, viene a exponer el historial médico de los ciudadanos a empresas privadas, carece de los preceptivos controles de protección de datos suficientes y podría ser inconstitucional», explicó Jiménez.
Los portavoces de la Plataforma reiteraron su denuncia «por las presiones a numerosos pacientes para que aceptaran hacerse pruebas en el hospital privado Santa Clotilde so pena de ser excluidos de las listas de espera», tras repasar el historial de medidas adoptadas por el Gobierno de Cantabria «para promover el refuerzo de las opciones de sanidad privada en detrimento de la pública».
En este sentido, recordaron «el escandaloso convenio especial de privilegio para Santa Clotilde mediante una desviación presupuestaria de 256 millones de euros a lo largo de 16 años» o «el proyecto que se desarrollará sobre los terrenos de la antigua Residencia Cantabria de Cazoña, que albergará un centro de investigación regido sobre todo por la iniciativa privada, aunque con cobertura pública: el llamado Parque de Innovación en Salud».
La Ley de Salud Digital expone datos médicos a empresas privadas
«A las iniciativas por activa que alimentan la Sanidad privada se suman los efectos que, por pasiva, provoca la falta de recursos suficientes para mantener el sistema público y adaptarlo a las crecientes exigencias de los tiempos actuales y las perspectivas de futuro de nuestra sociedad, incluidas las relativas al envejecimiento de la población y a las naturales expectativas que las mejoras científicas crean en la ciudadanía», subrayaron.
Intolerable crecimiento de las listas de espera
Fernando Rodero aludió a las críticas de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública sobre «el crecimiento intolerable de las listas de espera, donde Cantabria ocupa los peores lugares de todo el Estado español; sobre todo en las listas quirúrgicas y con el peor lugar en cuanto a número de pacientes en espera por cada 1.000 habitantes (24,9, frente a una media nacional de 17,7)».
«Y es cada vez más evidente cómo el engrosamiento de las listas de espera acaba operando como una forma especialmente perversa de alimentar a la privada por la vía de la exasperación de los pacientes que no pueden esperar lo que se les pide. Lo peor es que gran parte de ellos tampoco pueden pagarse un seguro o una asistencia puntual en centros no públicos, por lo que muchos acaban viendo cómo su dolencia se agrava, a veces con consecuencias fatales», matizó Rodero.
Para Fernando Rodero, «no podemos dejar de insistir, por último, pero no con menos énfasis, en las clamorosas deficiencias en la atención primaria de toda la región, con decenas de consultorios médicos no operativos en los meses de verano y con ausencia de asistencia a lo largo del año en no pocos núcleos de población, con Miengo, Cudón y Cuchía como casos recientes denunciados ante nuestra organización por ausencia total de personal sanitario en el último mes».
Para los portavoces de la Plataforma, «el panorama de la sanidad pública en nuestra región es, en suma, cada vez más preocupante; y las responsabilidades son claras, habida cuenta de la competencia absoluta de la autonomía en la materia».
Por último, Antonio Jiménez y Fernando Rodero expresaron el apoyo de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Cantabria a la huelga general convocada por UGT y CCOO el 11 de noviembre «para exigir soluciones al grave problema de la vivienda en España porque sin ese bien básico no hay salud; dicho de otro modo, la crisis de vivienda es también un problema de salud pública».
Fuente: UGT Cantabria
