Diegu San Gabriel, representante del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza de Cantabria (STEC), ha denunciado que la educación pública de Cantabria cuenta este curso con 90 docentes menos que el anterior. Durante una charla celebrada en Santander, también ha criticado el aumento de la financiación de la enseñanza concertada y la falta de diálogo con la Consejería de Educación.
El profesor de Geografía e Historia y miembro del STEC abordó estas cuestiones en un encuentro celebrado el jueves 5 de noviembre en el Ágora Solidaria Cultura y Memoria Luis Toca, donde defendió la necesidad de mejorar las condiciones laborales del profesorado y garantizar una enseñanza pública accesible en toda la comunidad autónoma.
San Gabriel advirtió de los retrocesos que, a su juicio, está experimentando el sistema educativo regional y reivindicó la trayectoria de movilización de los docentes y las familias. «La calidad de la educación pública ha sido siempre una seña de identidad de Cantabria», afirmó durante su intervención.
STEC reclama reducir las ratios y recuperar profesorado en Cantabria
La reducción de las plantillas fue una de las principales preocupaciones trasladadas por el representante sindical. Según los datos que expuso, Cantabria ha perdido 90 docentes respecto al curso anterior, una disminución que relacionó con los ajustes aplicados en el sistema educativo.
San Gabriel reclamó también una reducción del número máximo de estudiantes por aula, especialmente en Educación Secundaria Obligatoria (ESO), donde señaló que todavía pueden encontrarse grupos de hasta 33 alumnos.
«Lo lógico sería bajar la ratio máxima a 25, por ejemplo, por aula», manifestó. En su opinión, esta medida permitiría atender mejor la diversidad del alumnado y mejorar las condiciones en las que se desarrolla la actividad educativa.
El representante del STEC también puso el foco en la carga burocrática del profesorado. Explicó que una parte importante del tiempo de trabajo se dedica actualmente a tareas administrativas, en detrimento de la preparación de las clases y de la atención directa a los estudiantes.
Críticas al aumento de la financiación de la enseñanza concertada
Otro de los asuntos centrales del encuentro fue la distribución de los recursos públicos destinados a la educación.
San Gabriel cuestionó que aumente la financiación de los centros concertados mientras, según denunció, se cierran aulas y se reduce personal en la enseñanza pública.
De acuerdo con las cifras que presentó durante la charla, los fondos públicos destinados a la enseñanza concertada han pasado de 90 a 113 millones de euros anuales, un incremento de aproximadamente el 25 %.
El representante sindical criticó el mantenimiento de los conciertos educativos cuando, a su entender, existen necesidades pendientes de atender en los centros públicos. También denunció que se apliquen criterios diferentes al revisar las plantillas y los recursos de ambos modelos educativos.
Sus críticas se extendieron a la relación entre los representantes del profesorado y la Administración autonómica.
San Gabriel lamentó la falta de interlocución con la Consejería de Educación y sostuvo que determinadas decisiones se están adoptando sin contar suficientemente con los docentes. Como ejemplos mencionó el desarrollo de nuevas herramientas digitales y la aplicación de la legislación educativa.
«Un gobierno no se puede enfadar, ahora no respiro y no te hablo», declaró al referirse al deterioro de las relaciones con la Administración regional.
La educación pública en los municipios rurales
La situación de la enseñanza en las zonas rurales ocupó otra parte de la intervención.
San Gabriel defendió la importancia de mantener una red de centros educativos que llegue a los municipios del interior y evite que el lugar de residencia condicione el acceso a la enseñanza.
En este sentido, alertó de las dificultades de desplazamiento que afrontan algunos estudiantes de los valles interiores y reclamó medidas para evitar que las familias tengan que abandonar sus localidades por la falta de centros educativos cercanos.
Entre las propuestas planteadas destacó la posibilidad de crear un centro que permita cursar toda la enseñanza obligatoria en el valle del Nansa, siguiendo el modelo desarrollado en otras zonas de Cantabria.
A su juicio, garantizar la continuidad de los servicios educativos en el medio rural contribuiría a combatir la despoblación y facilitaría que las familias pudieran permanecer en sus municipios.
Durante la charla también repasó algunas características del sistema educativo cántabro que considera positivas.
Entre ellas mencionó los resultados de equidad recogidos en el informe PISA y la implantación de aulas públicas de uno y dos años con dos profesionales por clase, un modelo que valoró favorablemente por su capacidad para atender al alumnado durante las primeras etapas educativas.
Más presencia del patrimonio de Cantabria en las aulas
El representante del STEC defendió asimismo que el patrimonio cultural, social y natural de Cantabria tenga mayor presencia en la enseñanza.
Para ello, planteó la creación de una figura de coordinación del patrimonio en los centros educativos y propuso facilitar el acceso del alumnado a espacios culturales y de interpretación de la comunidad autónoma.
«Lo que no se conoce no se valora y lo que no se valora no se protege», señaló al explicar la importancia que concede a la transmisión de la cultura y las tradiciones cántabras entre las nuevas generaciones.
El encuentro también permitió abordar la evolución de la escuela pública, la participación de las familias y del alumnado en las decisiones educativas y la atención a la diversidad.
San Gabriel expresó, además, su preocupación por lo que considera una presencia creciente de intereses privados en el ámbito educativo.
El STEC es una organización sindical independiente y asamblearia que desarrolla su actividad en la enseñanza pública desde 1980. Según la información facilitada por la entidad organizadora del encuentro, es el sindicato mayoritario en la enseñanza pública no universitaria de Cantabria y tiene entre sus objetivos la mejora de las condiciones laborales del profesorado y la participación de la comunidad educativa en las decisiones que afectan al sistema de enseñanza.
