La Consejería de Educación ha advertido de que las comunicaciones falsas sobre artefactos explosivos en centros educativos constituyen un delito y conllevan consecuencias penales, incluso cuando los autores son menores de edad.
La Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades ha trasladado un mensaje de tranquilidad a la comunidad educativa tras la reciente detención de dos menores de edad como presuntos autores de delitos de desórdenes públicos. Los hechos se produjeron después de que se realizara una llamada telefónica a un centro educativo alertando de la supuesta colocación de un artefacto explosivo.
Desde la Consejería se ha recordado que este tipo de avisos falsos constituyen un delito y que todas las amenazas son investigadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tal y como han reiterado los responsables policiales. En este caso concreto, la actuación permitió la localización e identificación de los presuntos autores.
La administración educativa ha condenado firmemente este tipo de comportamientos y ha subrayado que las actuaciones de este tipo generan una importante alarma social y alteran de forma grave el funcionamiento ordinario de los centros educativos, afectando tanto al alumnado como al personal docente y no docente.
Llamamiento a la comunidad educativa ante las falsas amenazas educativas
Según ha señalado la Consejería, todas las amenazas que afectan a centros educativos son tratadas con la máxima seriedad por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que cuentan con los medios necesarios para su investigación, localización de los autores y esclarecimiento de los hechos.
Este tipo de actuaciones no solo provocan evacuaciones preventivas y la interrupción de la actividad lectiva, sino que también implican un despliegue de recursos de seguridad y emergencias. Además, suponen un riesgo potencial para la seguridad y la convivencia en el entorno educativo.
La Consejería ha recordado que las consecuencias penales alcanzan también a los menores de edad, de acuerdo con la legislación vigente, y que las familias pueden verse afectadas por posibles responsabilidades legales derivadas de estos comportamientos.
Desde el departamento de Educación se ha hecho un llamamiento expreso a la colaboración de toda la comunidad educativa para concienciar al alumnado sobre la gravedad de este tipo de hechos y sobre sus consecuencias legales y sociales.
La Consejería ha pedido que cualquier información relevante que pueda ayudar a prevenir o esclarecer situaciones similares sea comunicada a los equipos directivos o a las autoridades competentes, con el objetivo de evitar nuevos episodios que alteren la normalidad en los centros.
Asimismo, ha insistido en la importancia de la labor preventiva y educativa para transmitir al alumnado que este tipo de avisos falsos no son bromas y tienen un impacto real en la seguridad y en la convivencia escolar.
Protocolos y coordinación permanente
Educación ha agradecido la colaboración y el trabajo desarrollado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con quienes mantiene una coordinación permanente ante cualquier incidencia que pueda afectar a los centros educativos.
La Consejería ha recordado que los centros disponen de protocolos de actuación establecidos para garantizar una respuesta rápida y segura ante cualquier tipo de amenaza o incidencia, con el objetivo de proteger a toda la comunidad educativa y minimizar riesgos.
Estos protocolos permiten actuar de manera coordinada con los servicios de seguridad y emergencias, asegurando que las decisiones se adopten con criterios de prudencia y seguridad en situaciones de este tipo.
