El Grupo Regionalista ha presentado una proposición no de ley en el Parlamento de Cantabria para reclamar al Gobierno autonómico una reforma de las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a asociaciones, colectivos sociales y entidades sin ánimo de lucro, con el objetivo de «unificar los procedimientos y hacerlos más sencillos y adaptados a la realidad» de estas organizaciones.
Frente a la disparidad actual y para evitar la pérdida de ayudas por la «rigidez administrativa» de muchas convocatorias, la iniciativa plantea implantar criterios comunes para todas las subvenciones públicas destinadas al tercer sector.
La propuesta surge ante las dificultades que sufren muchas asociaciones a la hora de gestionar el acceso a las ayudas, como consecuencia de la «complejidad burocrática y las diferencias de regulación entre unas consejerías y otras».
Así lo ha dado a conocer la diputada y candidata del PRC, Paula Fernández, quien ha explicado que actualmente hay ayudas que permiten adaptar los proyectos cuando la subvención concedida es por un importe menor a la solicitada, mientras que otras se rigen por bases «mucho más rígidas e impiden incluso cambios pequeños en los presupuestos».
«Se están poniendo en riesgo ayudas imprescindibles para colectivos que prestan una importante función social en ámbitos donde no llega la Administración, por lo que es urgente un cambio para unificar las bases reguladoras y acabar con las trabas que dificultan proyectos esenciales», ha explicado.
«Las subvenciones actuales generan barreras administrativas a los colectivos sociales»
Fernández ha hecho hincapié en la «inseguridad jurídica» y los problemas que afrontan especialmente las asociaciones más pequeñas, que no cuentan con personal técnico y administrativo especializado para afrontar procedimientos administrativos complejos.
Además, ha detallado que la falta de criterios comunes provoca diferencias «difícilmente justificables» entre convocatorias similares, dependiendo únicamente del departamento que concede la ayuda.
Frente a esta situación, la propuesta del PRC defiende que el control sobre el uso de los fondos públicos es posible «sin formalismos innecesarios que dificulten la ejecución de los proyectos sociales, culturales y asistenciales desarrollados por entidades sin ánimo de lucro».
Por ello, insta al Gobierno de Cantabria a aprobar en un plazo de seis meses unas bases reguladoras comunes y aplicar criterios homogéneos para la gestión de las subvenciones dirigidas al tercer sector, con mecanismos claros para adaptar proyectos y presupuestos a la financiación finalmente concedida.
También aboga por introducir medidas de flexibilización presupuestaria que permitan redistribuir partidas o ajustar actuaciones «sin generar incidencias administrativas desproporcionadas cuando el objetivo del proyecto sí se ha cumplido».
Finalmente, el PRC pide medidas de simplificación administrativa para reducir cargas burocráticas y facilitar la participación del tejido asociativo cántabro en las convocatorias públicas.
Fuente: PRC
