El portavoz del PRC en Vega de Pas, Víctor Gómez Arroyo, ha ratificado hoy en sede judicial la denuncia presentada contra el alcalde del municipio y senador, Juan Carlos García Diego (PP), por presuntas irregularidades en la contratación de las fiestas locales entre los años 2017 y 2025.
Gómez ha comparecido este martes ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia número 2 de Medio Cudeyo, que el pasado mes de junio abrió diligencias previas por su denuncia de unos hechos que pueden ser constitutivos de un delito de prevaricación.
Según ha explicado, la denuncia está motivada por la adjudicación de servicios para las fiestas patronales de Vega de Pas y la Fiesta del Sobao y la Quesada «realizada durante años a las mismas empresas, sin los expedientes administrativos preceptivos y mediante fraccionamiento de facturas».
Gómez ha rechazado que estas prácticas puedan justificarse como «simples errores administrativos por la falta de informes de los técnicos municipales», una carencia de la que ha responsabilizado al alcalde. «Lo mismo que no se puede adjudicar a dedo una obra de 100.000 euros, tampoco se puede realizar un contrato de servicios por esas mismas cantidades siempre con la misma empresa y sin cumplir los requisitos preceptivos», ha recalcado.
Víctor Gómez defiende la transparencia en las fiestas locales de Vega de Pas
En este sentido, ha dejado claro que el PRC «ni mucho menos está en contra» de las fiestas que se celebran en Vega de Pas, pero «rechaza rotundamente que no se cumpla la ley, que no haya ni un solo expediente administrativo y que todas las fiestas se adjudiquen año tras año al mismo grupo de empresas».
También ha cuestionado que el alcalde invoque el criterio de «exclusividad» de determinados grupos musicales para justificar el procedimiento seguido y la elección de las mismas empresas año tras año. A su juicio, que la contratación de un artista concreto deba realizarse a través de una empresa determinada no explica que el resto de actuaciones y servicios no sujetos a esa limitación recaigan también en las mismas adjudicatarias.
«Las fiestas son patrimonio de todo el pueblo, no de un grupo político determinado ni de un alcalde en concreto», ha subrayado Gómez, quien ha defendido la necesidad de realizar la organización y contratación «con absoluta transparencia, respetando la legalidad y garantizando el correcto uso del dinero de todos».
Finalmente, ha dado a conocer que el alcalde ha sido citado para declarar el próximo 22 de octubre en calidad de investigado.
