El PRC votará en contra de la Ley de Autoridad Docente impulsada por PP y Vox al considerar que no establece garantías suficientes para prevenir el acoso escolar, proteger a las víctimas y respaldar al profesorado. La diputada regionalista Teresa Noceda ha criticado que el texto no concrete las obligaciones que debe asumir el Gobierno de Cantabria ante los problemas de convivencia en los centros educativos.
La portavoz de Educación del PRC sostiene que la norma se centra en reconocer la autoridad del profesorado y regular las consecuencias de los conflictos, pero no desarrolla suficientemente los mecanismos para prevenirlos ni las medidas de apoyo a quienes los sufren.
«Una ley destinada a mejorar la convivencia escolar no puede conformarse con reconocer la autoridad del profesorado y ordenar las consecuencias de los conflictos sin establecer cómo prevenirlos, cómo acompañar a quienes los padecen y cuáles son las responsabilidades concretas que debe asumir la Administración», ha afirmado Noceda.
Los regionalistas presentaron 34 enmiendas parciales después de que PP y Vox rechazaran su enmienda a la totalidad con texto alternativo. Con ellas pretendían ampliar el alcance de la norma para abordar conjuntamente la convivencia escolar, la protección del profesorado y la responsabilidad de toda la comunidad educativa.
El PRC presentó 34 enmiendas a la Ley de Autoridad Docente para reforzar la prevención y la protección
Entre las propuestas figuraban la elaboración de un Plan de Convivencia Escolar y otro de Apoyo y Protección del Ejercicio de la Función Docente, así como la asistencia jurídica y psicológica a los profesores que la necesiten.
El PRC también planteó establecer protocolos comunes de actuación ante agresiones y situaciones de acoso, reforzar la formación permanente del profesorado e incorporar mecanismos de evaluación de las medidas adoptadas.
En relación con el alumnado, las enmiendas defendían una mayor atención a la detección temprana del acoso y el ciberacoso, la protección inmediata de las víctimas, la participación de las familias y el seguimiento de los casos para prevenir nuevas situaciones de violencia.
Noceda ha lamentado que PP y Vox no hayan incorporado las garantías reclamadas por su grupo y ha resumido el resultado de la tramitación de las enmiendas con una crítica a ambos partidos: «Nos hemos topado con el rodillo de la derecha».
Teresa Noceda cuestiona que las garantías dependan de futuros reglamentos
Uno de los principales motivos del rechazo regionalista es que, según Noceda, el texto deja para un desarrollo reglamentario posterior medidas que deberían figurar expresamente en la ley.
La diputada considera que esta fórmula no ofrece garantías suficientes sobre las actuaciones que tendrá que llevar a cabo la Administración autonómica para prevenir los conflictos, asistir a las víctimas y proteger al profesorado.
«El reglamento debe desarrollar las obligaciones legales, no puede sustituirlas ni dejar su cumplimiento a la voluntad del Gobierno», ha señalado.
La portavoz regionalista también ha cuestionado el acuerdo alcanzado por PP y Vox sobre las medidas disciplinarias, la mediación y las conductas relacionadas con el uso de las tecnologías.
A su juicio, ampliar de cuatro a cinco días determinadas medidas provisionales o incorporar nuevas conductas digitales al régimen disciplinario no resuelve las principales deficiencias que aprecia en la norma.
«Ampliar de cuatro a cinco días determinadas medidas provisionales o tipificar nuevas conductas relacionadas con el uso de las tecnologías no garantiza por sí solo una mejora de la convivencia, al igual que sancionar tampoco asegura por sí solo que el daño no vuelva a producirse», ha advertido.
El PRC reclama más respaldo institucional para el profesorado
Noceda ha insistido en que el reconocimiento de la autoridad docente debe ir acompañado de recursos y mecanismos de prevención, asistencia y seguimiento de los conflictos.
La diputada defiende que la responsabilidad de garantizar la convivencia escolar no puede recaer exclusivamente en los profesores, sino que debe contar con una implicación efectiva de la Administración y del conjunto de la comunidad educativa.
En este sentido, ha reiterado que la protección de las víctimas y el apoyo al profesorado deben quedar recogidos mediante obligaciones concretas, y no depender únicamente de la aplicación de sanciones cuando los conflictos ya se han producido.
«Dejar solos a los docentes ante los problemas no es reconocer su autoridad», ha subrayado.
Para el PRC, la Ley de Autoridad Docente debería combinar el reconocimiento de la función del profesorado con medidas preventivas y de protección que permitan intervenir antes, durante y después de los conflictos escolares. La negativa de PP y Vox a incorporar las garantías planteadas por los regionalistas ha llevado al grupo parlamentario a anunciar su voto contrario.
