ANPE Cantabria denuncia la situación de parálisis en la que se encuentra la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria, lo que representa una nueva vuelta de tuerca a la escasa iniciativa demostrada durante toda la legislatura. El no haber aprobado los Presupuestos de Cantabria para 2026 parece haberse convertido en la excusa perfecta para justificar esta inacción.
Ya no se trata únicamente de que las negociaciones con los representantes del profesorado estén prácticamente rotas en todos los frentes—no se recuerda una administración que se haya levantado más veces de las mesas de negociación—ni de que se intente utilizar al personal docente como rehén de intereses políticos.
Ahora, además, se empieza a perjudicar directamente al alumnado al eliminar programas educativos, como LaborESO, en marcha desde 2007, sin ni siquiera avisar previamente a los centros participantes. De este modo, no solo se perjudica al alumnado que no podrá desarrollar dichos programas, sino que se menosprecia el trabajo organizativo, pedagógico y de gestión realizado por el profesorado implicado.
«ANPE Cantabria denuncia la eliminación de programas clave como LaborESO»
La excusa de la falta de presupuestos no puede servir para paralizar aún más las iniciativas destinadas a mejorar la educación pública ni las condiciones laborales del personal docente. Incluso aceptando el argumento de la falta de recursos económicos, resulta incomprensible que no se estén adoptando otras medidas sin impacto presupuestario que ANPE lleva reclamando desde hace tiempo. Entre ellas:
- La posibilidad de prolongar la vida activa del personal docente, único aspecto aún vigente de la nefasta Ley 2/2012. Este asunto ya ha sido objeto de negociación y puede regularse mediante una norma con rango legal, sin necesidad de esperar a una Ley de Presupuestos.
- La reducción de la burocracia innecesaria, que asfixia tanto al profesorado como a los equipos directivos, puede abordarse de forma progresiva y comenzando por aquellas medidas que no requieren inversión.
- La implantación del llamado “concursillo” para el personal funcionario de carrera no supone coste económico alguno y continúa sin materializarse.
ANPE Cantabria quiere realizar, una vez más, un llamamiento a la negociación real y efectiva en estos y muchos otros asuntos. La educación pública de Cantabria merece una Consejería que defienda y proteja tanto al alumnado como al personal docente.
