La Junta de Gobierno Local ha aprobado hoy el proyecto de ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Santander, así como la delimitación recogida en el proyecto de Zonas de Bajas Emisiones.
El concejal de Movilidad Sostenible, Agustín Navarro, ha explicado que, de acuerdo con el proceso de tramitación, el texto se remitirá ahora a la Comisión de Desarrollo Sostenible para que los grupos políticos puedan presentar enmiendas, que serán estudiadas y votadas antes de dar paso a la aprobación inicial en Pleno.
A partir de ahí, se publicará en el Boletín Oficial de Cantabria y se abrirá un plazo de 30 días para la formulación de nuevas alegaciones. Si no se presentan, la ordenanza se dará por definitiva en el siguiente Pleno.
Navarro ha recordado que la ordenanza establece un marco normativo para la creación, gestión y control de la Zona de Bajas Emisiones, que permita reducir la contaminación y avanzar hacia una movilidad más sostenible.
La Zona de Bajas Emisiones busca mejorar la salud y el aire urbano
Entre los objetivos específicos se encuentran la mejora de la calidad del aire y la salud pública en las zonas más afectadas; reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte urbano; promocionar la movilidad sostenible, activa y no contaminante; garantizar la equidad y el acceso equilibrado a la movilidad; y reordenar el espacio público priorizando su uso para peatones y modos sostenibles.
Por otro lado, la Junta de Gobierno también ha dado luz verde al proyecto que delimita el área de influencia de la Zona de Bajas Emisiones y los detalles de la regulación.
De acuerdo con esta planificación, la ZBE afectará a vehículos con etiqueta A (anteriores a 2006 en el caso de vehículos de gasoil y anteriores a 2001 si se trata de gasolina) en un perímetro de 2,5 kilómetros y 200.000 m², lo que supone el 0,6 % de la superficie total de Santander, en la zona del Ensanche, donde residen 5.900 personas.
Este proyecto se incorporará a la ordenanza reguladora de la ZBE y se presentará a los grupos políticos, que tendrán un período de alegaciones antes de que el proyecto se debata en Comisión y se lleve al Pleno para su aprobación inicial. La tramitación continuará con la publicación en el BOC, período de alegaciones y elevación al Pleno para su aprobación definitiva.
