Las entidades y colectivos jurídicos firmantes del Pacto para la Justicia de Cantabria han consensuado la propuesta de la comunidad autónoma para ampliar la planta judicial y garantizar el buen funcionamiento de la Administración de Justicia, lo que incluye la creación de tres plazas de juez destinadas a reforzar la jurisdicción social en Santander y los partidos judiciales de Santoña y San Vicente de la Barquera.
Este acuerdo se ha alcanzado de forma «unánime» durante la reunión convocada por el Gobierno regional en la que han participado representantes del Tribunal Superior de Justicia, Fiscalía Superior, Letrados de la Administración de Justicia, del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia y colegios de Abogados, Procuradores, Psicólogos y Graduados Sociales.
La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, ha anunciado que remitirá esta petición de forma inmediata al Ministerio, con la que se busca «impulsar un servicio público fundamental y garantizar el derecho de los ciudadanos de Cantabria».
Urrutia ha detallado que el acuerdo tiene en cuenta los estudios sobre las cargas de trabajo de las unidades judiciales, el nivel de resolución y pendencia que recoge el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) en sus últimas memorias y que reflejan que estos órganos están «sobrecargados» y la situación es «insostenible» para garantizar un buen funcionamiento de la Administración judicial en la comunidad.
La consejera de Justicia ha considerado que al Ministerio «ya no le vale la excusa de que no habrá nuevas unidades judiciales porque no hay presupuestos», después de haberse comprometido en diciembre a la creación de cinco nuevos órganos judiciales con la Generalitat de Cataluña.
Cantabria pide al Ministerio mejorar la Administración de Justicia
Por ello, ha instado al Gobierno central a que «atienda la petición unánime de todos los colectivos judiciales de Cantabria» con la que aliviar la carga de trabajo en los órganos judiciales y los atrasos importantes que se producen, por ejemplo, en el ámbito de la jurisdicción social en la región con señalamientos «tardíos», que vulneran incluso el derecho a la tutela judicial efectiva.
Ejecución del Pacto para la Justicia
Por otro lado, durante esta reunión se ha hecho balance de la ejecución de los compromisos del Pacto para la Justicia firmado hace siete meses, en el que se ha repasado el estado de todas las iniciativas y proyectos.
En cuanto a las nuevas unidades judiciales, se ha valorado la «plena» puesta en marcha del nuevo juzgado de primera instancia en Santander, el número 13, que ha ayudado a aliviar la sobrecarga de trabajo, así como el incremento de las plantillas de funcionarios en los juzgados de Medio Cudeyo y San Vicente de la Barquera que ha efectuado el Gobierno cántabro.
También se ha destacado la instalación de las dos salas Gesell que dan cobertura a los órganos judiciales de Santander y Torrelavega y que mejoran la protección de menores y víctimas de delitos.
Isabel Urrutia ha avanzado que en abril concluirá el estudio sobre el estado de las once sedes judiciales de la comunidad autónoma, que incluirá un programa calendarizado de obras y su oportuna valoración, así como todos los trabajos de mejora y reparación que ya se han desarrollado hasta el momento.
En este ámbito, ha anunciado también que en unas semanas se tomará una decisión definitiva sobre la nueva sede del Instituto de Medicina Legal.
Por otro lado, se han analizado los avances en la implementación de las reformas de la ley nacional de eficiencia organizativa, que «exigen en un plazo corto de tiempo un importante esfuerzo» por parte de las comunidades. Según ha adelantado Urrutia, el Gobierno «no puede esperar al Ministerio» y a sus modelos de referencia, y ya tiene preparada la estructura de la mayor parte de los partidos judiciales, por lo que esta semana comenzarán las reuniones con el TSJC y los letrados de la Administración de Justicia para valorar la estrategia de implantación al nuevo modelo judicial.
En materia de personal, ha habido importantes avances con el acuerdo para la mejora de servicio público que incluye incrementos retributivos, ya se han revisado dos de las tres normas reguladoras del régimen jurídico de los funcionarios de la Administración de Justicia y se han puesto en marcha las reuniones de seguridad y salud que llevaban varios años sin convocarse en el ámbito de la justicia cántabra.
Igualmente, miembros del Pacto para la Justicia de Cantabria han planteado la necesidad de un Plan de Empleo liderado por el Ministerio a medio plazo por el impacto futuro que tendrán las jubilaciones y el envejecimiento del personal.
En el ámbito de la justicia gratuita, el Gobierno cántabro ha hecho efectivo el incremento de las retribuciones de los abogados y procuradores que prestan el servicio gratuito del turno de oficio en la comunidad autónoma, un incremento de los baremos que el Ejecutivo ha aplicado con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2024, y que se incluirán en el nuevo decreto autonómico en tramitación.
Además, ya se encuentra implantado el sistema informático DIGIREG en todos los registros civiles de Cantabria y desde enero se han iniciado los trabajos de digitalización de los libros registrales, un proyecto financiado con fondos NextGeneration.
Los miembros del Pacto para la Justicia han analizado el funcionamiento del sistema de gestión procesal Vereda que utilizan los órganos judiciales, valorando sus prestaciones técnicas y su interoperabilidad con los utilizados en el resto del país. Igualmente, han acordado fortalecer la formación de los usuarios con el fin de sacar el «máximo rendimiento» a las ventajas del sistema.
Los Graduados Sociales se incorporan al Pacto
Por otro lado, la consejera de Presidencia y Justicia y la presidenta del Colegio de Graduados Sociales de Cantabria, Belén Campos, han firmado al término de esta reunión el acuerdo por el que la entidad colegial se adhiere al Pacto para la Justicia por el que la comunidad autónoma establece las prioridades para mejorar el servicio de la Administración de Justicia.
Isabel Urrutia ha mostrado su satisfacción por este acuerdo, por el que estos profesionales suman «su experiencia y conocimiento» a este pacto junto al resto de organismos firmantes. Según ha dicho, el Colegio de Graduados Sociales «tiene que estar y participar de forma activa» por ser profesionales con una «importante trayectoria como operadores jurídicos», su papel «fundamental» en la jurisdicción social, así como por su importancia en el ámbito de la mediación.
La consejera de Justicia ha apuntado que el Pacto para la Justicia está abierto a nuevas adhesiones a todo colectivo profesional relacionado con la justicia que quiera unirse a este «compromiso común». Desde el Gobierno de Cantabria «queremos sumar el mayor número de voluntades y esfuerzos para alcanzar la mejora continua y la garantía de calidad de este servicio público trascendental para el ciudadano», ha concluido.
