El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha abierto, según informa Podemos Cantabria, un expediente tras la reclamación presentada por la formación para acceder a la respuesta del Gobierno autonómico a sus alegaciones sobre la carretera Requejada-Suances. Podemos sostiene que existe un informe de contestación, pero asegura que todavía no ha podido consultar su contenido.
La formación explica que presentó alegaciones al Anteproyecto y al Estudio de Viabilidad Económico-Financiera de esta infraestructura, cuya concesión está valorada, según los datos que recoge en su comunicado, en 198,7 millones de euros durante 30 años.
Podemos afirma que, ante la falta de respuesta a sus alegaciones, dirigió un requerimiento formal a la Consejería para solicitar la documentación correspondiente, sin obtener contestación. Posteriormente, presentó una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, organismo que, según señala, ya le ha comunicado el inicio del procedimiento.
El miembro del Consejo Ciudadano de Podemos Cantabria, Pablo Gómez, sostiene que el expediente administrativo recoge la existencia de un informe de contestación, pero denuncia que su formación no ha recibido ese documento ni una respuesta motivada que permita conocer cómo se analizaron sus alegaciones.
«Hemos planteado dudas legales sobre el proyecto y queremos que se respondan. Si la Administración no es capaz de acreditar que el proyecto cumple con todos los requisitos legales, debe paralizar su tramitación», ha manifestado Gómez.
El representante de Podemos insiste en que su reclamación pretende conocer los argumentos utilizados por la Administración para responder a las cuestiones planteadas durante la tramitación del proyecto.
«La cuestión es muy sencilla: el Gobierno dice que existe un informe que responde a nuestras alegaciones, pero nosotros seguimos sin tener acceso a ese documento», ha señalado.
Las alegaciones cuestionan el modelo de financiación y el estudio de alternativas de la carretera Requejada-Suances
Podemos Cantabria recuerda que sus alegaciones, presentadas en diciembre de 2025, cuestionaban distintos aspectos del modelo económico previsto para la infraestructura.
Entre ellos figuran la justificación del sistema concesional, el pago por disponibilidad, la ausencia de un análisis económico-financiero comparativo, la proporcionalidad de la actuación y el estudio de posibles alternativas.
La formación considera especialmente importante disponer de esa documentación ahora que, según señala, la licitación del proyecto ya está publicada.
Pablo Gómez ha puesto el foco en la diferencia entre la inversión inicial prevista y el compromiso económico total asociado a la concesión. Según los importes facilitados por Podemos, la actuación contempla una inversión inicial de aproximadamente 87 millones de euros, mientras que el coste comprometido durante las tres décadas de concesión alcanzaría los 198,7 millones.
«Estamos hablando de una infraestructura cuya inversión inicial está valorada en unos 87 millones pero que compromete casi 200 millones de euros de recursos públicos durante tres décadas», ha señalado Gómez, quien reclama mayor transparencia sobre la justificación económica del proyecto.
El representante de Podemos ha criticado también el volumen de recursos públicos comprometidos y ha utilizado la expresión «pelotazo del siglo» para cuestionar políticamente el modelo planteado. Se trata de una valoración de la formación, sin que la apertura del expediente de Transparencia implique por sí misma la existencia de irregularidades.
Podemos insiste en que quiere conocer qué documentación económica sustenta la elección del modelo concesional y cómo se han valorado las alternativas de financiación y ejecución.
La formación considera que la respuesta administrativa debe abordar de manera motivada las cuestiones planteadas, especialmente por la duración y el importe de la concesión.
«El Consejo de Transparencia ya ha abierto el procedimiento. Ahora corresponde al Gobierno explicar y facilitar la documentación que hemos solicitado. La ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se justifican compromisos económicos de esta magnitud», ha concluido Gómez.
La apertura del procedimiento comunicada por Podemos no supone una resolución sobre el fondo de su reclamación. La documentación facilitada tampoco permite determinar si el Gobierno de Cantabria ha entregado posteriormente el informe solicitado.
