Varias organizaciones sociales y ciudadanas han interpuesto un recurso contencioso-administrativo para solicitar la nulidad del denominado convenio singular firmado entre el Servicio Cántabro de Salud y el hospital privado Santa Clotilde, que contempla la derivación de distintas prestaciones sanitarias y una dotación económica de al menos 256 millones de euros.
La iniciativa está coordinada por la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública en Cantabria y cuenta con la participación de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, la Asamblea de Mujeres de Cantabria, Ecologistas en Acción y la asociación Ágora Solidaria Cultura y Memoria Luis Toca.
El recurso se dirige contra el acuerdo suscrito por el Servicio Cántabro de Salud con el hospital Santa Clotilde, gestionado por la orden de San Juan de Dios, y promovido bajo la responsabilidad de la Consejería de Salud del Gobierno de Cantabria.
Las entidades firmantes sostienen que el convenio supone la cesión a un centro privado de una parte relevante de la actividad asistencial que hasta ahora se prestaba desde el sistema público.
El convenio sanitario Santa Clotilde bajo revisión judicial
El recurso cuestiona la legalidad del convenio sanitario Santa Clotilde, que prevé una aportación pública de 256 millones de euros durante un periodo inicial de 16 años, ampliable hasta 20. Según el contenido de la demanda, esta cantidad incluye tanto servicios que el centro privado ya venía prestando como nuevas prestaciones que, hasta el momento, se realizaban exclusivamente desde la sanidad pública.
Entre estas nuevas actuaciones se citan programas de cribado de cáncer de mama y de colon, así como distintas intervenciones quirúrgicas y procesos asistenciales que, según las organizaciones recurrentes, requieren una planificación y un seguimiento coordinado dentro del sistema público.
Las entidades denuncian que la firma del convenio se realizó sin someter el acuerdo a un procedimiento de concurrencia con otros posibles prestadores y recurriendo a una vía de contratación directa prevista para situaciones urgentes o excepcionales. En el recurso se sostiene que no concurren las condiciones legales exigidas para justificar este procedimiento.
Asimismo, se señala que el convenio no fue incluido en el Plan de Salud 2025-2029 y que la adjudicación inicial, fijada en 216 millones de euros, fue incrementada posteriormente en otros 40 millones.
Tramitación, recursos y subcontratación de servicios
El escrito judicial también pone el foco en la capacidad del hospital Santa Clotilde para asumir las prestaciones derivadas. Según los colectivos firmantes, el centro no dispone de todos los medios necesarios y recurre a la subcontratación de servicios clave, como pruebas diagnósticas de imagen, que son realizadas por empresas privadas externas.
En este contexto, se cuestiona que un convenio reservado a entidades sin ánimo de lucro pueda beneficiar a un hospital que opera como un centro privado y que subcontrata parte de su actividad asistencial a compañías controladas por fondos de inversión internacionales.
El recurso alude igualmente a las condiciones económicas del acuerdo, destacando que las penalizaciones previstas por incumplimiento de objetivos son limitadas, incluso en escenarios de bajo grado de cumplimiento.
Impacto sobre la planificación sanitaria
Las organizaciones consideran que la cesión de actividad al hospital privado compromete la planificación a largo plazo de la sanidad pública en Cantabria, al fijar durante un periodo prolongado la derivación de servicios en un contexto de necesidades asistenciales cambiantes.
También expresan su preocupación por la fragmentación de la atención sanitaria, especialmente en programas de prevención y tratamientos que, a su juicio, requieren una gestión integral y coordinada desde el sistema público.
Las entidades recurrentes confían en que el órgano judicial valore los hechos expuestos y determine si el convenio se ajusta a la legalidad vigente.
