El convenio Santa Clotilde vuelve a situarse en el centro de la polémica tras las nuevas actuaciones de Podemos Cantabria ante el Consejo de Transparencia y el Tribunal de Cuentas. La formación cuestiona el acceso al expediente y la tramitación de un acuerdo que compromete más de 255 millones hasta 2041.
La ofensiva política y jurídica se amplía después de que la documentación del expediente haya sido entregada de forma progresiva y parcial, lo que, a juicio de Podemos, ha dificultado conocer desde el principio los fundamentos de la decisión administrativa.
La formación sostiene además que el Gobierno de Cantabria ha rechazado los recursos de alzada presentados contra actuaciones vinculadas al acuerdo. En un primer caso, la Consejería de Salud inadmitió el recurso de Mercedes González al entender que no estaba legitimada y que se había presentado fuera de plazo.
Más tarde, el Ejecutivo autonómico también inadmitió el recurso presentado por Pablo Gómez en representación de Podemos Cantabria, al considerar que un partido político no está legitimado para recurrir este tipo de decisiones. El asunto ya ha sido trasladado al equipo legal de la formación.
Las dudas sobre el convenio Santa Clotilde alcanzan también al control del gasto
Mercedes González advirtió de que resulta “muy preocupante” que un acuerdo de más de 255 millones se haya conocido “a cuentagotas” y subrayó que, cuando una decisión condiciona el gasto sanitario durante años, la transparencia debe ser “absoluta”.
Podemos ha decidido además ampliar su denuncia ante el Tribunal de Cuentas con la adenda aprobada posteriormente y con nuevos documentos del expediente. La formación entiende que ese material refuerza las dudas sobre la coherencia económica del acuerdo y sobre la justificación del gasto público comprometido.
El partido recuerda que el convenio fija un compromiso anual cercano a 16 millones durante 16 años, prorrogables hasta 20, y lo sitúa entre los mayores compromisos de gasto sanitario asumidos por el Gobierno cántabro en los últimos años.
Podemos asegura que seguirá utilizando las vías institucionales y jurídicas a su alcance para aclarar las circunstancias de un acuerdo cuya tramitación y alcance económico continúan bajo sospecha.
