El sindicato advierte de una grave desorganización en las oficinas judiciales cántabras tras la entrada en vigor del nuevo modelo organizativo, que atribuye a la falta de planificación y de medios humanos y materiales.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF Cantabria), sindicato más representativo en la Administración de Justicia, ha denunciado la situación de desorden organizativo que atraviesan los juzgados de Cantabria tras la implantación de los Tribunales de Instancia, prevista en la Ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia, impulsada por el Ministerio de Justicia.
Según expone el sindicato, una vez agotado el plazo legal para la aplicación del nuevo modelo y transcurridos varios días desde su implantación definitiva, los órganos judiciales cántabros se encuentran en una situación de grave desorganización que, lejos de mejorar el funcionamiento del servicio, ha generado problemas añadidos en la gestión diaria.
Desde CSIF Cantabria señalan que el colapso era previsible y que ya había sido advertido con anterioridad al Gobierno de Cantabria, sin que se hayan adoptado medidas para evitarlo. Aseguran que la Administración había garantizado que todo estaría preparado para el 31 de diciembre, una previsión que, según indican, no se ha correspondido con la realidad.
Tribunales de Instancia y falta de planificación
El sindicato explica que desde el 1 de enero, coincidiendo con la activación de la tercera y última fase de la reconversión de juzgados en Tribunales de Instancia, los problemas se han incrementado. A la ausencia de directrices claras se suma, según denuncian, una carencia evidente de medios humanos y materiales.
CSIF Cantabria afirma que la formación impartida ha sido insuficiente, limitada a una sesión de apenas hora y media, y que el cambio ha sido más nominal que real. En la práctica, señalan, los funcionarios continúan desempeñando las mismas tareas que antes de la reforma, sin que se haya producido una adaptación efectiva al nuevo modelo organizativo.
Desde el sindicato indican además que los protocolos de actuación no concretan el reparto del trabajo entre el personal funcionario, limitándose a su adscripción a equipos o grupos de trabajo, lo que genera incertidumbre sobre los procedimientos que deben tramitar o ejecutar.
Problemas materiales y organizativos en las oficinas judiciales
CSIF Cantabria subraya que una reforma de esta magnitud requiere modificaciones profundas a nivel informático, organizativo, administrativo y físico, que no se han llevado a cabo. Denuncian que existen funcionarios sin puesto de trabajo asignado, sin equipos informáticos operativos o sin acceso a los expedientes judiciales electrónicos, lo que dificulta el desempeño normal de sus funciones.
El sindicato sostiene que el expediente judicial electrónico no está plenamente implantado y que el uso del papel sigue siendo imprescindible. Según relatan, los expedientes físicos se encuentran almacenados en cajas y trasladándose entre dependencias, a la espera de ser tramitados. Añaden que algunos trabajadores han tenido que cambiar de ubicación en varias ocasiones, debido a los continuos reajustes de espacios y puestos.
También alertan de situaciones en las que funcionarios que regresaban de sus vacaciones navideñas desconocían a qué juez o equipo estaban adscritos, lo que ha bloqueado su actividad diaria y ha generado sobrecargas de trabajo en juzgados que anteriormente funcionaban con normalidad.
Denuncias por condiciones laborales
A todo ello se suman, según CSIF Cantabria, obras en dependencias judiciales realizadas en horario de mañana, con presencia de trabajadores en los espacios afectados. El sindicato anuncia que presentará denuncias ante la Inspección de Trabajo al considerar que algunos puestos no cumplen las condiciones mínimas de seguridad y salud, y solicitará además una evaluación de las condiciones psicosociales.
CSIF Cantabria atribuye el origen de la situación a la precipitación, la falta de medios y la ausencia de planificación en la implantación del nuevo modelo. El sindicato reclama a la Consejería de Presidencia y Justicia que asuma responsabilidades, dote de recursos suficientes a los juzgados y paralice la implantación forzada de los Tribunales de Instancia hasta que existan condiciones reales para su aplicación.
