Podemos Cantabria ha elevado al Congreso de los Diputados su preocupación por lo que considera una falta de transparencia, control ambiental y garantías legales en los encargos realizados por el Gobierno de Cantabria a la empresa pública TRAGSA para la ejecución de obras y servicios en espacios naturales protegidos. La formación reclama explicaciones sobre el procedimiento seguido, las evaluaciones ambientales exigidas por ley y el modo en que se ha gestionado la participación pública en proyectos que afectan a ecosistemas de alto valor.
Podemos Cantabria, a través de su diputada y portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto, Ione Belarra, ha registrado una batería de preguntas dirigidas al Gobierno con el objetivo de esclarecer la legalidad, la transparencia y las garantías ambientales de los más de 40 encargos adjudicados a TRAGSA y TRAGSATEC por parte de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación de Cantabria durante los dos últimos años, por un importe cercano a 20 millones de euros.
Los contratos, realizados mediante la modalidad de encargos a medios propios, están siendo desarrollados en espacios naturales protegidos como el Parque Nacional de los Picos de Europa o áreas integradas dentro de la Red Natura 2000. Se trata, por tanto, de intervenciones en entornos de máxima sensibilidad ecológica y con obligaciones legales específicas en materia de evaluación y transparencia ambiental.
Las actuaciones objeto de estos encargos incluyen la mejora de pistas y accesos en zonas protegidas, la retirada de tendidos eléctricos, programas de control de especies invasoras, la restauración de hábitats degradados, así como intervenciones en espacios catalogados por su relevancia geológica, paisajística o ambiental. La amplitud y naturaleza de estas intervenciones exigen el máximo rigor administrativo, científico y jurídico.
“Los proyectos de TRAGSA en Cantabria deben cumplir la normativa ambiental”
A esta situación se suma el reciente anuncio de que TRAGSA ha sido designada para la elaboración e implementación del nuevo Plan de Gestión del Lobo en Cantabria. Desde Podemos, se considera que esta decisión podría suponer un intento de eludir el procedimiento de participación pública ya iniciado, lo que generaría un precedente preocupante en materia de transparencia y gobernanza ambiental.
Para Pablo Gómez, responsable de Medio Ambiente de Podemos Cantabria, «el Gobierno de Cantabria está confundiendo simplificación administrativa con ausencia de control ambiental, y esto resulta especialmente grave cuando los proyectos afectan a ecosistemas de alto valor ecológico. Lo estamos viendo no solo en los encargos a TRAGSA, sino también en actuaciones como los accesos a La Engaña, donde se repite el mismo patrón de falta de garantías, transparencia y evaluación ambiental». Según Gómez, «queremos que el Ministerio tome cartas en el asunto y vele porque la normativa de protección ambiental se respete en parques nacionales y en espacios protegidos por la Red Natura».
Podemos Cantabria solicita que el Gobierno de España aclare públicamente diversos aspectos relevantes en relación con estos encargos, comenzando por si los proyectos cuentan con la correspondiente Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) conforme a la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental y a la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad, y si dicha documentación ha sido publicada o puesta a disposición de la ciudadanía.
Del mismo modo, se pregunta qué medidas ha adoptado el Ejecutivo para garantizar el cumplimiento legal en la ejecución de actuaciones dentro de entornos protegidos, especialmente en el Parque Nacional de los Picos de Europa y en espacios pertenecientes a la Red Natura 2000, donde la protección ambiental es obligatoria y prioritaria. Podemos también demanda aclaraciones sobre los mecanismos de supervisión, auditoría y control previstos o ya aplicados para asegurar que los fondos públicos vinculados a estos encargos directos se gestionen de manera responsable, transparente y eficaz, sin constituir una vía para relajar o eludir obligaciones legales.
Finalmente, se solicita información detallada acerca de cómo se está garantizando el cumplimiento del Convenio de Aarhus, con especial referencia al derecho de acceso a información ambiental y participación efectiva de la ciudadanía en procesos de toma de decisiones públicas.
