CSIF denuncia la situación de discriminación por edad que afecta a una funcionaria interina de la Administración Autonómica de Cantabria.
El sindicato cántabro hace público un nuevo caso que pone de manifiesto una práctica que, desde CSIF Cantabria, se considera preocupante: el edadismo institucional. Esta discriminación afecta directamente a Rocío Bedoya Vega, funcionaria interina con trayectoria en el ámbito de la educación especial y en la interpretación de lengua de signos.
Rocío Bedoya Vega es maestra e intérprete de lengua de signos con años de experiencia y formación especializada. Ha estado cubriendo una vacante en el Centro de Educación Especial de Parayas, donde asistía a un menor sordo que requería este recurso para acceder en condiciones de igualdad a la educación. Gracias a su trabajo, el alumno no solo accedía a los contenidos curriculares, sino que también se promovía su integración plena en el entorno educativo.
Un proceso que va mucho más allá de enseñar signos, ya que la figura del intérprete de aula no se limita a la traducción de signos, sino que desempeña un papel esencial: traduciendo en tiempo real los contenidos e interacciones, adaptando materiales y permitiendo la integración total del alumno sordo con el resto del grupo durante clases, recreos, comedor o cualquier actividad que se produzca en el centro. Así, el alumno sordo puede seguir el mismo ritmo que sus compañeros oyentes en todas las actividades escolares.
El problema surge cuando el alumno promociona y el centro deja de necesitar los servicios de la trabajadora, quien, al ser funcionaria interina, debería regresar a la bolsa de empleo. Sin embargo, al haber alcanzado los 65 años, es automáticamente excluida de la misma.
En el caso de Rocío, se da una circunstancia particularmente injusta, ya que no cumple los requisitos legales para la jubilación (ni por edad ni por años cotizados). A pesar de que en la zona existen centros que aún requieren de sus servicios y podrían beneficiarse de su valiosa labor —hay otro centro con dos menores que necesitan este recurso—, la decisión del Gobierno la obliga a salir del sistema sin posibilidad de seguir trabajando, incluso cuando podría continuar ejerciendo hasta alcanzar la edad necesaria para acceder a la jubilación ordinaria.
El Gobierno de Cantabria excluye a trabajadores por su edad
Esta medida tomada por el Gobierno de Cantabria se convierte en una trampa social y laboral para Rocío, ya que, al acudir a las oficinas del SEPE, se encuentra con que no puede acceder a prestaciones por desempleo debido a que se encuentra en «edad de jubilación», pero tampoco tiene acceso a la pensión porque aún no ha cumplido con los años de cotización necesarios.
Una situación que evidencia el profundo problema de edadismo que atraviesa el sistema y que afecta gravemente a los trabajadores mayores, a pesar de que aún tienen mucho que ofrecer a la sociedad.
Este caso pone de manifiesto un problema más amplio que afecta directamente al sistema educativo público en Cantabria, en particular al colectivo de intérpretes de lengua de signos en el aula: la externalización encubierta. A pesar de que la Administración reconoce la falta de intérpretes en lengua de signos y que la próxima Oferta Pública de Empleo ha previsto solo dos plazas, algunos centros han optado por no mantener el servicio público.
En su lugar, han dado preferencia a un servicio privado, donde las horas de atención a los alumnos son limitadas y centradas únicamente en enseñar lengua de signos, sin ofrecer servicios de integración real como los que proporciona un intérprete de aula como Rocío.
El Gobierno de Cantabria no solo está marginando a trabajadores con años de experiencia y formación, sino que está poniendo en riesgo la calidad de la educación y la integración de los alumnos con discapacidad auditiva. Y lo que es más grave: esta situación no es aislada. Rocío no es la única afectada por este tipo de políticas.
La asesoría jurídica de CSIF Cantabria está impugnando esta medida por considerarla discriminatoria y contraria al principio de igualdad recogido en el TREBEP (Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público), que establece que los funcionarios interinos tienen los mismos derechos que los de carrera, salvo aquellos directamente vinculados a la propiedad de la plaza. Actualmente, el sindicato tiene dos casos judicializados con esta problemática, y este sería el tercero, que se sumaría a otras denuncias similares iniciadas por particulares.
Desde CSIF Cantabria se exige al Gobierno de Cantabria que revierta esta medida injusta, que garantice la integración de los trabajadores mayores en el sistema laboral y que asegure la igualdad de oportunidades para todos los empleados públicos, independientemente de su edad.
