Podemos Cantabria ha denunciado que el Proyecto de Ley de Control Ambiental que el Gobierno autonómico tramita en el Parlamento abre la puerta a legalizar la fragmentación de los parques eólicos, una práctica que ya ha permitido a grandes promotoras evitar la evaluación ambiental conjunta y la supervisión del Ministerio para la Transición Ecológica.
La formación morada advierte de que la Disposición Adicional Primera del texto define los parques eólicos únicamente por su «línea de evacuación» y permite compartir infraestructuras como subestaciones, accesos o líneas eléctricas sin que ello implique que los proyectos se consideren uno solo.
Aunque el proyecto de ley afirma que esta disposición eleva a rango legislativo la delimitación de parque eólico que ya estaba establecida en las directrices técnicas del Plan de Sostenibilidad Energética de Cantabria 2014-2020, se olvida de los mecanismos que el plan había introducido para evitar la fragmentación de contratos, facilitando que promotores tramiten proyectos separados, aunque formen parte de un mismo macroproyecto.
Según Podemos, esta redacción blinda el modelo de fragmentación irregular que la formación viene denunciando como práctica habitual de las empresas del sector en Cantabria, cuyo último ejemplo es el caso de los parques Las Américas 3 y Las Américas 16, promovidos por Arena Green Power 13 S.L. y Arena Green Power 14 S.L., con una potencia conjunta superior a 90 MW y ubicados entre los municipios de Santa María de Cayón, Villafufre, Santiurde de Toranzo, Villaescusa, Penagos y El Astillero, compartiendo subestación, líneas de evacuación y accesos.
“La ley abre la puerta a fragmentar los parques eólicos sin control”
Para Pablo Gómez, responsable de Medio Ambiente de Podemos Cantabria, “si esta ley se aprueba, el Gobierno de Cantabria allana el camino para que parques como los de Las Américas puedan presentarse troceados de manera legal, aunque sea más que evidente que detrás está la misma empresa bajo distintos nombres presentando un único macroproyecto”.
Gómez explica que la futura ley permitirá que promotores distintos en apariencia, aunque sean efectivamente la misma empresa bajo distintas sociedades, tramiten legalmente proyectos separados cuando compartan infraestructuras nuevas o adaptadas. Esto abre un vacío legal que facilita la fragmentación de parques y la elusión de la normativa estatal aplicable para proyectos superiores a 50 MW que deberían ser competencia del Ministerio para la Transición Ecológica.
Podemos sostiene que esta tramitación fragmentada vulnera el principio de unidad del proyecto, oculta los impactos acumulativos y sinérgicos, elude el control estatal y mina la participación pública efectiva, al impedir que la ciudadanía conozca y evalúe el verdadero alcance ambiental y territorial de los proyectos.
Además, advierte de que aceptar este tipo de fraccionamiento “sirve al interés del promotor privado y no al interés general”, incumpliendo los principios de eficacia, coordinación y buena fe administrativa.
“El Ejecutivo de Cantabria pretende legalizar la trampa: una norma que favorece a las grandes eléctricas, debilita la protección ambiental y reduce la transparencia”, ha afirmado Podemos. “No estamos contra la energía eólica, pero sí contra un modelo sin planificación, sin control y sin participación ciudadana.”
