Una sentencia dictada el pasado mes de febrero por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Santander ha desestimado íntegramente una demanda interpuesta frente a una resolución de la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio que desestima el recurso de interposición interpuesto contra una resolución impuesta por la Consejería en relación a la potestad sancionadora de la Administración regional por la utilización de cláusulas abusivas en los contratos de consumidores y usuarios.
El fallo del juzgado deja claro que en la protección de sus derechos el consumidor puede acudir frente a la Administración, la cual tiene potestad para sancionar la utilización de cláusulas abusivas en los contratos con consumidores y usuarios sin necesidad de declaración judicial del orden civil.
De esta manera, el Gobierno de Cantabria puede sancionar la utilización de las cláusulas abusivas en los contratos, sin que sean declaradas previamente en el orden civil como tal, teniendo en cuenta lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, entre los que se encuentra como derecho la protección de sus legítimos intereses económicos y sociales, en particular, frente a las prácticas comerciales y la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos.
El Gobierno de Cantabria podrá sancionar cláusulas abusivas sin juicio previo
Además, considera como cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquellas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe, cause, en perjuicio del consumidor y el usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato.
El consejero del ramo, Eduardo Arasti, ha destacado la importancia de que los consumidores estén informados acerca de la potestad que tiene la Administración para sancionar el empleo de cláusulas abusivas en los contratos y ha recordado tanto a usuarios como a consumidores que pueden acudir directamente a la Administración regional para que ésta sea la que se encargue de sancionar estas prácticas tan frecuentes de forma rápida y eficiente, «protegiendo en todo momento los derechos del consumidor sin necesidad de acudir al orden civil».
