ANPE reclama una regulación básica estatal sobre inclusión educativa que establezca unas condiciones mínimas comunes para todas las comunidades autónomas. El sindicato plantea reducir las ratios y aumentar el profesorado, los orientadores y los especialistas para atender la diversidad del alumnado.
La organización sindical considera necesario que el desarrollo de la disposición adicional cuarta de la LOMLOE y la apuesta de la ley educativa por la inclusión se materialicen en una norma de carácter estatal. Su objetivo, según plantea ANPE, sería evitar desigualdades entre comunidades autónomas y garantizar unas condiciones mínimas para que los centros puedan atender la diversidad presente en las aulas.
Para el sindicato, la inclusión educativa constituye un principio dirigido a que todo el alumnado pueda superar sus barreras de aprendizaje. ANPE advierte, sin embargo, de que su desarrollo se encuentra todavía en una fase inicial y sostiene que una educación inclusiva y personalizada requiere más recursos personales y materiales.
El sindicato pide reducir ratios y aumentar plantillas para la inclusión educativa
Entre las medidas planteadas figura una reducción de las ratios máximas por aula. ANPE reclama que esta disminución sea todavía mayor en aquellos grupos en los que esté escolarizado alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
El sindicato pide también aumentar las plantillas docentes para desarrollar la codocencia en las diferentes áreas o materias. Su propuesta plantea una docencia compartida, frente al simple apoyo, dentro del mismo grupo-aula para facilitar una atención más personalizada, además de contemplar la posibilidad de realizar desdobles.
Otro de los puntos se centra en los servicios de orientación. ANPE reclama incrementar las plantillas de orientadores educativos para alcanzar la recomendación que atribuye a la UNESCO de un profesional por cada 250 alumnos.
La propuesta incluye igualmente un aumento de los especialistas relacionados con la inclusión educativa. El sindicato solicita incrementar el número de maestros de Pedagogía Terapéutica (PT) y de Audición y Lenguaje (AL), con criterios claros para su incorporación a las plantillas y evitando que estos profesionales tengan que compartir centros.
ANPE extiende esta petición al profesorado de Servicios a la Comunidad y a otros profesionales que puedan resultar necesarios para atender al alumnado.
La organización sindical considera además imprescindible que el profesorado disponga dentro de su horario del tiempo necesario para reunirse y coordinarse. A esta medida añade la petición de reducir la carga burocrática para facilitar el desarrollo de una educación inclusiva.
ANPE plantea que todas estas condiciones se establezcan mediante una regulación estatal mínima que funcione como norma básica. Las comunidades autónomas podrían mejorar esos mínimos, según su propuesta, pero no reducirlos.
El sindicato sostiene que las medidas destinadas a favorecer la inclusión educativa benefician al conjunto del alumnado de los centros, independientemente de las barreras o potencialidades de aprendizaje que pueda presentar cada estudiante. ANPE defiende que la inversión en recursos humanos y organizativos es necesaria para avanzar hacia una educación inclusiva y mejorar los resultados académicos y educativos del alumnado.
