La base jurídica que ampara a los autónomos y empresas para reclamar por daños derivados de estos apagones se encuentra recogida en la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, el Real Decreto 1955/2000, así como en la normativa vigente en materia de consumo. Estas normativas establecen claramente que las compañías eléctricas están obligadas a garantizar un suministro estable y continuo, salvo en situaciones excepcionales debidamente justificadas.
Las interrupciones del suministro que no hayan sido comunicadas con al menos 24 horas de antelación, y que se prolonguen más de tres minutos, constituyen motivo suficiente para que cualquier autónomo pueda reclamar los daños sufridos por la pérdida de ingresos, productos o interrupción de servicios esenciales de su actividad económica.
UPTA insta a los autónomos a reclamar por pérdidas tras el apagón del lunes
Las únicas excepciones previstas se limitan a intervenciones técnicas imprescindibles para el mantenimiento, reparación o mejora de las instalaciones, casos de seguridad del suministro, o cuando conste expresamente en el contrato del mercado libre. Aun así, UPTA denuncia que en demasiadas ocasiones estas condiciones no se cumplen y los autónomos quedan desprotegidos.
Desde UPTA España instamos a los autónomos a documentar las incidencias sufridas, conservar pruebas del impacto económico y presentar las correspondientes reclamaciones ante la compañía suministradora.
Eduardo Abad, presidente de UPTA España, añade que “tenemos argumentos jurídicos sólidos para exigir que las compañías eléctricas respondan por los daños ocasionados. No podemos permitir que los pequeños negocios sufran consecuencias económicas sin que nadie asuma responsabilidades”.
