El nuevo reglamento eléctrico, aprobado mediante el Real Decreto 88/2026, de 11 de febrero, y que ha entrado en vigor este mes de agosto con importantes novedades, refuerza la protección de las personas consumidoras y aumenta la transparencia en el mercado eléctrico, según ha destacado el Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio.
Así, la nueva regulación actualiza el marco normativo del suministro y la comercialización de electricidad y adapta el funcionamiento del mercado a los cambios derivados de la transición energética y de la normativa europea, al tiempo que introduce nuevas garantías para los consumidores.
Una de las principales novedades del reglamento es el refuerzo de las garantías frente a determinadas prácticas comerciales, ya que, a partir de ahora, las comercializadoras únicamente podrán formalizar contratos por vía telefónica cuando la llamada haya sido previamente solicitada o autorizada por la persona consumidora.
Una medida con la que se pretende reforzar la seguridad jurídica de la contratación y evitar que los consumidores puedan verse vinculados a contratos que no hayan solicitado expresamente.
El nuevo reglamento también impulsa la libertad de elección y facilita el cambio de compañía comercializadora, ya que, con carácter general, los contratos podrán resolverse sin penalización, salvo en determinados supuestos expresamente previstos por la normativa, como algunos contratos de precio fijo antes de su primera renovación anual. En cualquier caso, las posibles penalizaciones estarán limitadas y no podrán superar los máximos establecidos reglamentariamente.
«El nuevo reglamento eléctrico aumenta la transparencia y la capacidad de elección»
Además, se establecen plazos máximos para hacer efectivo el cambio de comercializadora, con el objetivo de agilizar el proceso y favorecer una mayor competencia en el mercado.
Otra de las novedades más relevantes afecta a la información que las comercializadoras deben proporcionar antes de formalizar un contrato, por lo que las empresas deberán entregar a la persona consumidora un documento resumen independiente del contrato, redactado de forma clara y comprensible, en el que se recojan las principales condiciones de la oferta.
Entre otros aspectos, deberá incluir el precio de la energía, la duración del contrato, las condiciones de renovación, las posibles penalizaciones, los servicios adicionales contratados y los procedimientos disponibles para la atención al cliente y la presentación de reclamaciones.
El objetivo es que los consumidores puedan comparar de una manera más sencilla las distintas ofertas existentes en el mercado y tomar decisiones con mayor conocimiento.
Cambios contractuales
El reglamento refuerza, asimismo, la protección ante posibles modificaciones de las condiciones contractuales, ya que las comercializadoras deberán comunicar por escrito cualquier cambio con una antelación mínima de un mes y hacerlo de forma diferenciada de la factura eléctrica.
Además, deberán informar expresamente del derecho de la persona consumidora a resolver el contrato sin coste si no está de acuerdo con las modificaciones propuestas. Esta misma obligación de información anticipada se aplicará a las revisiones de precios que estén previstas en el contrato.
La nueva normativa establece también como regla general que la facturación eléctrica sea mensual y esté basada en lecturas reales del consumo, por lo que solo de forma excepcional podrá mantenerse una periodicidad diferente cuando existan limitaciones técnicas relacionadas con los equipos de medida y lectura.
Esta medida pretende mejorar la correspondencia entre el consumo realizado y las cantidades facturadas, ofreciendo al consumidor una información más precisa sobre su gasto energético.
El nuevo reglamento adapta, además, la regulación al proceso de transformación que está experimentando el sistema energético. Así, entre sus novedades, se encuentra la regulación de nuevas figuras, como los agregadores independientes, y el refuerzo de la participación activa de los consumidores en el sistema eléctrico.
De esta manera, se actualiza un marco normativo que en buena medida procedía de disposiciones aprobadas hace más de dos décadas y se adapta a un mercado caracterizado por una mayor digitalización, la expansión de las energías renovables, el autoconsumo y una participación cada vez más activa de los consumidores.
El consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio del Gobierno de Cantabria, Eduardo Arasti, ha destacado que la entrada en vigor de este reglamento supone «un paso adelante» para garantizar que los ciudadanos puedan contratar su suministro eléctrico con mayor seguridad, información y capacidad de elección.
«En un ámbito tan importante para las familias y las empresas como es la energía, es fundamental que los consumidores conozcan perfectamente qué están contratando, cuáles son sus condiciones y qué derechos les asisten, y esta nueva normativa refuerza, precisamente, esos principios de transparencia y protección», ha subrayado Arasti, quien ha puesto en valor que «la transición energética no consiste únicamente en transformar la forma en la que producimos electricidad, sino también en conseguir que ciudadanos y empresas tengan un papel cada vez más activo y dispongan de más herramientas para decidir».
«Este nuevo reglamento combina modernización del sistema eléctrico, competencia y protección del consumidor, tres elementos que deben avanzar conjuntamente para que la transición energética sea también una transición justa y beneficiosa para el conjunto de la sociedad», ha afirmado el consejero.
Fuente: Gobierno de Cantabria
