El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado hoy la resolución de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación por la que se aprueba el Plan Anual de Incendios Forestales de Cantabria para 2026, que prevé una inversión de más de 7 millones de euros para reducir al mínimo los daños ecológicos, económicos y sociales producidos por los incendios forestales en la Comunidad Autónoma.
Esta regulación se realiza en cumplimiento de lo establecido en el decreto-ley 15/2022, de agosto, que afecta a la redacción de la Ley de Montes, por la que se establece la obligatoriedad que tienen las comunidades autónomas de elaborar un Plan Anual de Incendios Forestales como instrumento de gestión de los incendios forestales desde una perspectiva integral de prevención, vigilancia y extinción.
Entre las medidas que se pretenden llevar a cabo se incluyen garantizar una adecuada cobertura territorial de autobombas y flota de vehículos; revisar la necesidad de medios aéreos y completar la red de puntos de carga; mejorar el sistema de comunicaciones; implementar un programa de formación continua para el personal del Operativo de Lucha contra Incendios Forestales, y asegurar la dotación y correcta utilización de los equipos de protección individual.
Asimismo, se prevé avanzar en la investigación de las causas de los incendios forestales y sus motivaciones; potenciar la línea de financiación dedicada a inversiones colectivas; implementar compromisos agroambientales en superficies agrarias; así como el mantenimiento y mejora de hábitats y de actividades agrarias tradicionales que preserven la biodiversidad, e integrar sistemas innovadores de pastoreo y actuaciones de desmatorralización y mejora de pastos para alcanzar un monte productivo, biodiverso y resiliente frente a los incendios.
De igual modo, el Plan prevé formular un protocolo técnico dirigido a determinar las áreas incendiadas que precisan acciones de restauración; ejecutar acciones de restauración diseñadas e inversiones en montes de utilidad pública para mejorar pistas; ordenar recursos forestales y prevenir incendios.
«El plan refuerza la prevención frente a los Incendios Forestales en Cantabria»
El nuevo Plan concluye que en los últimos años la mayoría de los incendios son intencionados (un 97,4 % en el año 2023) y que su motivación principal radica en evitar la matorralización del terreno, asociadas a prácticas ganaderas, con un registro de 774 incendios forestales en 2023, una cifra similar a la de años anteriores. Las zonas del interior occidental y oriental son las que más incendios forestales soportan y municipios como Vega de Pas, Soba, Cabuérniga, Rionansa, Selaya, San Roque de Riomiera, Miera y Los Tojos suman en su conjunto más del 50 % de la superficie incendiada entre 2019 y 2023.
Según se extrae del Plan, las zonas del interior occidental y oriental de la región registran el mayor número de incendios, con un 78 % del total y una superficie afectada superior al 86,7 %.
En cuanto a su distribución mensual, los meses de febrero, marzo y abril acumulan más del 71 % de los incendios registrados y casi el 76 % de la superficie quemada. Aunque se registran incendios durante todas las épocas del año, la mayor parte no supera las 25 hectáreas. No obstante, se han registrado tres grandes incendios de más de 500 hectáreas entre 2019 y 2023, que afectaron a más de 2.000 hectáreas.
El nuevo Plan establece como épocas de peligro por incendios forestales en toda Cantabria el periodo comprendido entre el 1 de febrero y el 30 de abril, y del 1 de agosto al 15 de octubre para las comarcas de Liébana, Campoo y Los Valles, teniendo en cuenta que estos periodos pueden alargarse, acortarse o aparecer otros en función de cada año.
Ante esta situación, el Plan establece una serie de medidas preventivas, como las autorizaciones preceptivas para la utilización de cualquier tipo de fuego, tanto en suelo urbano como en terrenos rústicos; medidas de protección de bienes de interés cultural; la inclusión del riesgo de incendios en las guías municipales de respuesta; planes de autoprotección por riesgo de incendio forestal; o la actualización de los datos referentes a las épocas de peligro y al riesgo por incendios forestales, entre otros aspectos.
Asimismo, determina las prohibiciones en el empleo del fuego, regula el uso social y el acceso público durante la época de riesgo de incendios forestales y planifica acciones para mitigar y adaptar los ecosistemas forestales, así como programas de desbroces con ayudas para la mejora y el aprovechamiento sostenible de los montes para entidades locales públicas y privadas, además de ayudas para la mejora de pastizales de aprovechamiento común en terrenos públicos.
