Podemos Cantabria denuncia que el Partido Popular está aprovechando la tramitación de la Ley de Vivienda para introducir nuevas modificaciones en la Ley del Suelo que afectan directamente al régimen de los Proyectos Singulares de Interés Regional (PSIR), una figura que el Gobierno pretende utilizar para impulsar el proyecto Bosques de Santander, que afecta al barrio de Rucandial y a terrenos de Bezana y Camargo.
La formación recuerda que la posibilidad de incorporar vivienda privada a determinados PSIR no estaba contemplada en esos términos en la regulación original de la Ley 5/2022. Fue la Ley 2/2025, de Simplificación Administrativa, la que modificó el artículo 20.3 de la Ley del Suelo para permitir que, cuando un PSIR incluyera grandes equipamientos, infraestructuras o servicios de especial importancia, pudieran implantarse también usos residenciales complementarios.
Para Podemos, esta modificación legislativa resulta especialmente relevante en el caso de Bosques de Santander. El proyecto incorpora la construcción de la Ciudad de la Justicia como uno de los grandes equipamientos públicos que justifican su interés regional y, al mismo tiempo, plantea una enorme operación residencial privada.
La formación considera que la reforma de 2025 abrió la puerta a esta fórmula: vincular un gran equipamiento público con una promoción inmobiliaria que combina vivienda libre y protegida. «Primero modificaron la Ley del Suelo a través de la Ley de Simplificación Administrativa para permitir que los PSIR con grandes equipamientos pudieran incorporar usos residenciales complementarios. Y ahora, con la Ley de Vivienda, el PP pretende volver a cambiar las reglas. Es difícil no preguntarse a qué necesidades concretas responden estas modificaciones y a quién benefician», señala Pablo Gómez, responsable de Medio Ambiente de Podemos Cantabria.
Ahora el PP quiere eliminar el carácter complementario de la vivienda
Las enmiendas del PP fueron registradas el 17 de septiembre, apenas 18 días antes de la presentación pública de Bosques de Santander. Entre los cambios propuestos figura una nueva modificación del artículo 20.3 de la Ley 5/2022, eliminando la expresión «de forma complementaria» al regular la implantación de usos residenciales en PSIR que incluyan grandes equipamientos, infraestructuras o servicios de especial importancia.
Para Podemos, este cambio no es menor. La regulación de 2025 permitía incorporar vivienda como uso complementario al equipamiento que justificaba el PSIR. La nueva redacción propuesta por el PP elimina precisamente esa referencia, lo que puede ampliar el margen para desarrollar grandes promociones residenciales vinculadas a este tipo de proyectos.
«Estamos hablando de miles de viviendas privadas cuya posibilidad de desarrollo está vinculada a la incorporación de equipamientos públicos como la Ciudad de la Justicia. ¿Qué significa que la vivienda deje de tener que ser complementaria? ¿Qué límites se establecen para evitar que el equipamiento público termine sirviendo de justificación a una operación inmobiliaria de dimensiones extraordinarias?», pregunta Gómez.
Un nuevo artículo para permitir que las viviendas se construyan al mismo tiempo que los compromisos públicos
Las modificaciones del PP no se limitan al artículo 20. La formación señala también la incorporación de un nuevo artículo 30 bis, que regula las obligaciones de las juntas de compensación en determinados PSIR de iniciativa privada promovidos por propietarios que representen la mayoría del suelo del ámbito.
Un cambio en la Ley del Suelo que prioriza los intereses urbanísticos privados
Entre otras cuestiones, el nuevo artículo establece que estas juntas deberán financiar y ejecutar las obras y construcciones necesarias para cumplir los compromisos adquiridos por el promotor y los establecidos por el Gobierno en la declaración de interés regional. También permite que las viviendas privadas autorizadas comiencen a construirse simultáneamente a esas obras, siempre que se aporte la correspondiente garantía.
Para Podemos, esta regulación configura un marco específico para facilitar el desarrollo de grandes operaciones urbanísticas privadas que incorporan compromisos de interés público.
«No estamos hablando de una cuestión técnica sin consecuencias. Estamos hablando de quién decide cómo se transforma el territorio, quién asume las cargas urbanísticas, cómo se ejecutan los equipamientos públicos y en qué condiciones puede avanzar el negocio inmobiliario privado», señala Gómez.
7.850 viviendas sobre más de 2,3 millones de metros cuadrados
La formación considera que estos cambios deben analizarse a la luz del proyecto Bosques de Santander, que prevé unas 7.850 viviendas sobre aproximadamente 2,3 millones de metros cuadrados, con una importante transformación de suelo actualmente rústico y afecciones a viviendas existentes en Rucandial. Las enmiendas del PP no mencionan expresamente el proyecto, pero fueron registradas antes de su presentación pública y modifican precisamente aspectos de la regulación de los PSIR privados que combinan promociones residenciales con grandes equipamientos e infraestructuras públicas.
«No podemos afirmar que estas enmiendas se hayan redactado expresamente para Bosques de Santander, porque no lo dicen. Pero sí podemos afirmar que modifican las reglas que afectan a operaciones de esta naturaleza y que el Gobierno tiene que explicar por qué necesita introducir estos cambios ahora», añade Gómez.
Una Ley de Vivienda no puede convertirse en una vía para facilitar negocios inmobiliarios
Podemos considera especialmente grave que se utilice la tramitación de una Ley de Vivienda para modificar aspectos sustanciales de la ordenación territorial y urbanística de Cantabria. La formación recuerda que la emergencia habitacional exige medidas para ampliar el parque público, garantizar alquileres asequibles y facilitar el acceso a una vivienda digna, no introducir nuevas facilidades para grandes operaciones inmobiliarias.
«Primero utilizaron la Ley de Simplificación Administrativa para abrir la puerta a la vivienda privada en los PSIR vinculados a grandes equipamientos. Ahora vuelven a modificar la Ley del Suelo a través de la Ley de Vivienda para cambiar las condiciones en las que se desarrollan esas operaciones. Esto es legislar a medida de un modelo urbanístico que pone el negocio inmobiliario por delante del derecho a la vivienda», afirma Gómez.
La formación reclama al Gobierno de Cantabria que explique qué necesidad justifica modificar nuevamente la regulación de los PSIR, qué efectos tendrán estos cambios sobre el proyecto Bosques de Santander y qué garantías existen para que los equipamientos públicos no se conviertan en el argumento que permita impulsar grandes promociones privadas.
«La Ciudad de la Justicia puede ser una infraestructura necesaria para Cantabria, pero eso no significa que cualquier operación urbanística residencial que se vincule a ella responda automáticamente al interés general. Hay que explicar qué parte del proyecto beneficia a la ciudadanía, qué parte responde al negocio privado y quién obtiene los aprovechamientos urbanísticos derivados de esta transformación del territorio. La Ley de Vivienda debería servir para garantizar el derecho a vivir en Cantabria, no para facilitar nuevas oportunidades de negocio inmobiliario», concluye Gómez.
Fuente: Podemos Cantabria
