La mayoría de los alcaldes de los ayuntamientos cántabros que cuentan con cuerpo de policía local han solicitado al Gobierno de Cantabria que se regule la figura del policía interino en la modificación de la Ley de Coordinación de Policías Locales. La propuesta se debatirá el próximo 1 de octubre en la Comisión de Coordinación de Policía Local, en la que participarán Gobierno, sindicatos, jefes de policía y representantes municipales.
La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, mantuvo un encuentro con los representantes de los consistorios la pasada semana para buscar un consenso en torno a esta figura, que ha concentrado la mayoría de las alegaciones presentadas durante el proceso de información pública de la ley.
La creación del policía interino responde a la necesidad de cubrir bajas temporales excepcionales que afectan a la seguridad de los municipios y a la capacidad de respuesta de los servicios. Se trata de una medida que permitiría a los ayuntamientos disponer de efectivos de refuerzo ante situaciones como bajas laborales de larga duración, jubilaciones o vacantes sobrevenidas. Asimismo, facilitaría la movilidad de agentes de policía local entre municipios.
La figura del policía interino busca cubrir bajas y vacantes excepcionales
Desde la Consejería se ha recordado que la figura del policía interino tendría carácter excepcional y estaría destinada únicamente a garantizar la cobertura de emergencias o necesidades puntuales, siguiendo el modelo ya regulado en otras comunidades autónomas. De hecho, el empleo de interinos ya existe en diferentes categorías de empleados públicos vinculados a la seguridad y emergencias, como en el caso de los bomberos.
Además de la regulación del policía interino, el proyecto normativo que reforma la Ley de Coordinación de Policías Locales de Cantabria introduce otras novedades. Entre ellas, cambios en los procesos selectivos de acceso a los cuerpos de policía local, nuevas competencias para los agentes en prácticas y mejoras en el reconocimiento de cursos y prácticas realizadas por los efectivos.
La reforma de la ley busca, en palabras de Urrutia, “dar respuesta a una demanda de los ayuntamientos que han manifestado su preocupación por la pérdida de efectivos de forma temporal, lo que merma la capacidad de los servicios y la seguridad en las intervenciones”. Con la introducción de estas modificaciones, el Ejecutivo regional pretende dotar a los municipios de más herramientas para mantener operativos sus cuerpos de seguridad en circunstancias extraordinarias.
La reunión de la Comisión de Coordinación de Policía Local del próximo 1 de octubre será decisiva para abordar estas medidas y recoger las aportaciones de los distintos sectores implicados. La consejera ha insistido en la importancia de alcanzar un consenso amplio que permita aprobar una normativa adaptada a las necesidades reales de los municipios y de los cuerpos de policía local de Cantabria.
