Los comités locales del Partido Regionalista de Cantabria (PRC) en Castañeda y Piélagos han denunciado públicamente la “opacidad” del Gobierno autonómico y de los ayuntamientos de ambos municipios, gobernados por el Partido Popular, en relación con el proyecto de instalación de una planta de tratamiento de amianto en el vertedero de Carceña.
Según los regionalistas, se trata de una instalación “altamente contaminante y con un enorme impacto ambiental”, cuyo desarrollo “se está tramitando de espaldas a los vecinos, generando alarma y desconfianza”. Por ello, han exigido acceso inmediato a toda la documentación del proyecto, señalando que mientras Piélagos alega desconocimiento, en Castañeda se niega a facilitar la información solicitada, lo que a su juicio “pone en cuestión la seguridad y la salud de los ciudadanos”.
La portavoz del PRC en Piélagos, Susana Iglesias, ha criticado la actitud del alcalde Carlos Caramés (PP), a quien acusa de ofrecer “escasas y confusas explicaciones” sobre la incidencia del proyecto. “Los vecinos tienen derecho a saber qué se pretende instalar a pocos kilómetros de sus casas y qué riesgos conlleva. Si el alcalde desconoce el proyecto, estaría actuando de forma negligente por no seguir de cerca una iniciativa que puede tener graves impactos sobre Piélagos”, ha subrayado.
El PRC exige transparencia total en la planta de amianto Carceña y alerta de riesgos para la salud
Por su parte, la secretaria general del PRC de Castañeda, Luz Gutiérrez, ha reprochado al regidor Marcos García (PP) que “anteponga la disciplina de partido a la defensa de sus vecinos” y ha lamentado la “absoluta opacidad” en torno al proyecto. “Lo primero es informar a los vecinos, cosa que no está haciendo, negando incluso la documentación a la oposición”, ha señalado.
Los regionalistas han cuestionado también la actuación del consejero de Medio Ambiente, Roberto Media, que inicialmente evitó pronunciarse alegando que se trataba de un proyecto privado y posteriormente admitió que la iniciativa partía del propio Gobierno hacia la empresa gestora del vertedero de Carceña.
En este sentido, han advertido de que todo apunta a una aprobación “exprés” del proyecto, lo que consideran “inaceptable” dada la posible afección a la salud de la población y al medio ambiente. Por ello, reclaman “transparencia total y un análisis en profundidad” sobre las consecuencias de la planta para garantizar la seguridad del entorno y de los municipios afectados.
