El Grupo Parlamentario Regionalista ha presentado más de 100 enmiendas al proyecto de Ley de Vivienda con el objetivo de “dar un giro de 180 grados” al texto presentado por el Gobierno y convertirlo en una herramienta capaz de aumentar la oferta, bajar los precios y facilitar el acceso de los cántabros, especialmente de los jóvenes y las clases medias.
Así lo han dado a conocer este jueves en rueda de prensa la diputada y candidata a la Presidencia de Cantabria, Paula Fernández Viaña, y el portavoz parlamentario, Pedro Hernando, quienes han explicado que sus propuestas son fruto del trabajo realizado durante los últimos meses y de las aportaciones recogidas tanto en las comparecencias parlamentarias como en reuniones con administradores de fincas, abogados, ingenieros, constructores, promotores, entidades sociales, responsables públicos, representantes de viviendas de uso turístico, afectados por la ocupación y expertos universitarios.
Fernández Viaña ha defendido la necesidad de una ley que “ponga más vivienda a disposición de los cántabros, con reglas claras, seguridad jurídica y resultados que se puedan evaluar”.
La diputada ha explicado que las enmiendas regionalistas persiguen cuatro grandes objetivos: incorporar al mercado inmuebles que actualmente están vacíos o destinados al uso turístico, facilitar el acceso a precios asequibles, favorecer que los cántabros puedan desarrollar su proyecto de vida en los pueblos y establecer mecanismos para evaluar los resultados de la ley.
«El PRC plantea más de 100 enmiendas para transformar la Ley de Vivienda en Cantabria»
“Movilizamos vivienda que hoy está vacía; facilitamos que viviendas turísticas puedan regresar voluntariamente al alquiler residencial; creamos vivienda asequible para jóvenes, para familias y para rentas mínimas; permitimos vivir en el medio rural sin convertir nuestro suelo en un espacio para la especulación, y obligamos a medir los resultados”, ha resumido.
Una de las principales novedades planteadas por el PRC es la creación de la figura de la vivienda rural protegida y la modificación de la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo (LOTUCA) para evitar que la posibilidad de construir en suelo rústico termine favoreciendo la proliferación de segundas residencias o alojamientos turísticos.
La propuesta pretende que las construcciones en este ámbito se destinen a residencia habitual y contribuyan a fijar población en los núcleos rurales de Cantabria, quedando sometidas a calificación y al correspondiente régimen de protección. “Queremos que quien quiera desarrollar un proyecto de vida en un pueblo lo pueda hacer, que una familia pueda quedarse, que un joven pueda vivir cerca de sus padres o de sus abuelos o poniendo en marcha un negocio para quedarse en Cantabria”, ha explicado la candidata.
A este respecto, Pedro Hernando ha precisado que estas viviendas deben estar sujetas a requisitos que garanticen su utilización como primera residencia, con condiciones para su posterior transmisión que eviten la especulación. “Para vivir, lo que haga falta, pero especular no es la estrategia de los regionalistas”, ha recalcado.
Otro de los ejes de las enmiendas es reforzar el Programa de Movilización de Vivienda Vacía de Cantabria (MOVIVA), mediante una línea específica para captar pisos procedentes del mercado turístico y facilitar su incorporación voluntaria al alquiler residencial continuado.
El objetivo del PRC es movilizar hasta 2.000 viviendas, haciendo atractiva su incorporación al programa con “garantías de cobro para los propietarios, gestión pública y la posibilidad de financiar actuaciones de adecuación cuando se cumplan las condiciones establecidas”.
“Hay propietarios que quieren alquilar, pero tienen miedo a impagos y daños en su vivienda. La Administración tiene que intervenir, asumir una parte de ese riesgo y convertir viviendas que hoy no están disponibles en residencias habituales de alquiler para familias de Cantabria”, ha precisado Fernández Viaña.
La propuesta contempla que los propietarios puedan recibir directamente el pago del Gobierno y contar con ayudas para adecuar los inmuebles, a cambio de cumplir requisitos de precio y habitabilidad y mantenerlos en el programa durante, al menos, tres años.
Los regionalistas también plantean una nueva herramienta de vivienda asequible dirigida a las rentas medias que, como consecuencia de los precios actuales, encuentran grandes dificultades para comprar o alquilar en el mercado libre. Para ello, abogan por fórmulas de colaboración entre administraciones, operadores públicos y privados, cooperativas y entidades sociales que permitan ofertar viviendas a precios asequibles, “con obligación de servicio público, controles y límites”.
“No hablamos únicamente de una vivienda social, hablamos también de esa parte enorme de la sociedad que trabaja, que tiene ingresos y que, aun así, ve cómo acceder a una vivienda ahora mismo es imposible”, ha indicado la candidata.
En este ámbito, el PRC quiere aumentar del 40 al 50 por ciento el peso que puede alcanzar la vivienda de precio tasado dentro de las viviendas protegidas de los desarrollos urbanísticos.
Las propuestas incluyen también medidas de colaboración público-privada, el impulso de la construcción industrializada y la activación de entidades acreditadoras de colaboración para agilizar la tramitación administrativa en materia urbanística.
Garantizar el seguimiento de las políticas incluidas en la futura ley es otro de los objetivos que los regionalistas consideran esenciales, por lo que defienden una estrategia a diez años que se desarrolle mediante planes quinquenales, con objetivos cuantificados y evaluables. “Queremos saber cuántas viviendas se prometen, cuántas están en proyecto, cuántas están en construcción y, sobre todo, cuántas viviendas realmente están disponibles para las familias”, ha precisado Fernández Viaña.
Las enmiendas contemplan además movilizar suelo público para vivienda protegida, acompasar la construcción de vivienda libre y protegida, reforzar las garantías para arrendatarios y propietarios y mejorar las medidas dirigidas a afrontar situaciones de emergencia habitacional y exclusión residencial.
Fernández Viaña ha recalcado que el PRC no plantea “soluciones mágicas” ante un problema que “no se ha creado de un día para otro” y tampoco puede resolverse de forma inmediata, pero cree que ha llegado el momento de adoptar medidas que comiencen a cambiar la situación.
Finalmente, Pedro Hernando ha tendido la mano al resto de los grupos políticos y ha mostrado su disposición a negociar durante la tramitación parlamentaria para alcanzar acuerdos que contribuyan a conseguir “la mejor Ley de Vivienda para Cantabria”.
