El cese de actividad mantiene en Cantabria una tasa de rechazo de más del 55%, según UPTA, que reclama desbloquear las reformas pendientes y reforzar la protección social del colectivo.
UPTA ha denunciado la paralización de las reformas comprometidas por la Seguridad Social y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para mejorar la protección de los trabajadores por cuenta propia. La organización sostiene que, nueve meses después del anuncio de la negociación, siguen bloqueadas medidas clave para quienes cierran su negocio, atraviesan una baja médica prolongada o se acercan al final de su vida laboral.
La organización sitúa entre las principales carencias del sistema las dificultades para acceder al cese de actividad, la ausencia de un subsidio específico para mayores de 52 años, la continuidad de cargas económicas en procesos de incapacidad temporal y la falta de desarrollo de coeficientes reductores de jubilación para actividades especialmente penosas, tóxicas, peligrosas o insalubres. UPTA reclama además la convocatoria urgente de la mesa de negociación para retomar las reformas comprometidas.
El presidente de UPTA, Eduardo Abad, resume esa situación en que “el sistema les exige cotizar, pero no les protege cuando realmente lo necesitan”, y advierte de que esa falta de cobertura deja a muchos trabajadores sin ingresos ni alternativas cuando más lo necesitan.
Cantabria superó en 2025 el centenar de rechazos de cese de actividad
En Cantabria, más de 110 trabajadores autónomos vieron rechazada en 2025 su solicitud para acceder al cese de actividad, mientras que en lo que va de 2026 ya se han denegado otras 50. Según los datos aportados por UPTA, eso mantiene la tasa de rechazo por encima del 55% y deja la cobertura en torno al 45% de quienes la solicitan.
La organización subraya que el problema golpea con más fuerza a los mayores de 52 años, que cuando cierran sus negocios pueden quedar sin la prestación por cese de actividad y, además, sin una ayuda equivalente al subsidio que sí tienen los trabajadores asalariados de esa edad. A ello suma la reclamación de exonerar automáticamente las cuotas a la Seguridad Social en determinados procesos de incapacidad temporal y de reconocer las condiciones de penosidad en algunas actividades a efectos de jubilación.
UPTA defiende también reactivar la evolución del sistema de cotización por ingresos reales, actualizar las bases de cotización para evitar la pérdida de valor de las futuras prestaciones y abrir la negociación del periodo 2026-2028. A juicio de la organización, esas medidas son necesarias para equiparar derechos entre autónomos y asalariados y reforzar las futuras pensiones del colectivo.
