La Federación de Atención a la Ciudadanía de USO (FAC-USO) lanza en Santander la campaña nacional “STOP Agresiones”, con el lema “Agredirme no es la solución. Respetarme, sí”, para frenar la violencia externa contra el personal del sector público.
Ana Avilés, secretaria de Prevención y Salud Laboral de FAC-USO, explica que esta es “una iniciativa estatal para visibilizar, concienciar y poner freno a la violencia externa que sufren quienes atienden los servicios públicos, sanidad, bienestar social, administración, prisiones, aeropuertos, emergencias y empleo, entre otros”.
“Visibilizar la violencia externa que sufre el personal del sector público y concienciar tanto a personas usuarias, como personas trabajadoras afectadas y a la Administración pública del problema y de la importancia, por un lado, de comunicar y denunciar las agresiones y, por otro, de adoptar cuantas medidas sean necesarias para garantizar la seguridad y salud del personal del sector público es el objetivo de la campaña que lanzamos desde FAC-USO”, explica Avilés.
Una realidad intolerable: los datos
Según los datos más recientes, dos trabajadoras han sido asesinadas en 2025: en Extremadura, en un centro de inserción sociolaboral, y en Galicia, en el sector de ayuda a domicilio, a causa de agresiones externas mientras ejercían su labor.
A ello se suman más de 17.070 agresiones notificadas en la sanidad pública en 2024, unos datos que evidencian una alarmante realidad que exige medidas urgentes por parte de la Administración. Esta cifra supone un incremento del 16 % con respecto a 2023, cuando la cifra de agresiones fue de 14.706.
FAC-USO lanza una campaña para frenar la violencia externa en servicios públicos
Otros datos a tener en cuenta son la cifra récord de 1.866 agresiones (362 de ellas físicas) en Andalucía en 2024; las 281 agresiones registradas en Instituciones Penitenciarias de enero a mayo de 2025, o el alarmante aumento del 60,4 % de agresiones en el SEPE en 2023 con respecto a 2022.
En los centros sanitarios de Cantabria se notificaron, en 2024, 274 incidentes violentos contra profesionales sanitarios. En porcentajes, el 53 % de estos incidentes violentos se dieron en Atención Primaria (144), el 36 % en Valdecilla (99 casos) y el 5 % en Laredo y Sierrallana, con 15 casos cada hospital.
Asociaciones profesionales de la Guardia Civil de Cantabria denunciaron que Cantabria lideró en el año 2024 la tasa de agresiones a la Guardia Civil, con 33 casos registrados.
Víctimas invisibles que no se protegen
Ana Avilés denuncia “la invisibilidad de los datos en determinados sectores públicos, donde los casos se diluyen en la estadística general de accidentes laborales. Y lo que no se nombra no se protege. La Administración pública, las empresas públicas, no pueden mirar hacia otro lado: tienen el deber legal de garantizar la seguridad y la salud del personal a su servicio”.
“Nuestro día a día son insultos, amenazas, humillaciones, agresiones físicas, etc. Nos llegan casos de agresiones externas a diario en los diferentes sectores públicos y estos casos no son parte de estadísticas frías: son rostros, vidas, compañeros y compañeras que han visto vulnerada su seguridad, su salud y, en algunos casos, su propia existencia. Hablamos de profesionales que trabajan para la ciudadanía y que merecen respeto y seguridad”, defiende Avilés.
Con la puesta en marcha de la campaña “STOP Agresiones”, FAC-USO reclama, de forma urgente:
- La mejora de los protocolos de prevención y actuación, actualizados y efectivos, con más medidas de seguridad.
- Registro y transparencia obligatoria de todas las agresiones.
- Asistencia médica y apoyo psicológico y jurídico inmediato a las víctimas.
- Formación específica para el personal funcionario.
- Tolerancia cero, con la puesta en marcha de campañas institucionales de concienciación y sanciones a los agresores.
Desde FAC-USO instan a los responsables de las Administraciones y empresas públicas a profundizar en las causas de cada agresión y qué motiva el aumento de la violencia contra quienes atienden a la ciudadanía.
“Los recortes en los servicios públicos, las deficiencias organizativas y la falta de recursos humanos y materiales son factores que contribuyen a esta escalada de violencia, sin duda. Reconocer y analizar sus causas es imprescindible para adoptar medidas eficaces que erradiquen esta realidad”, apunta la secretaria de Prevención y Salud Laboral de FAC-USO.
Además, insisten, es más necesario hoy que nunca defender el derecho de los empleados y empleadas públicas a una protección integral en el trabajo y arrancar de las Administraciones, como garantes de la seguridad y salud del personal del sector público, mejoras en los protocolos ante situaciones de violencia externa, así como un aumento de las medidas de seguridad y protección, más numerosas y eficaces.
