Podemos Cantabria ha denunciado que el Gobierno autonómico ha rechazado más de 150 alegaciones presentadas por la formación durante el trámite de audiencia e información pública del anteproyecto de la futura Ley de Vivienda. Según la formación, el Ejecutivo regional ha descartado también su propuesta alternativa de ley, justificando la negativa con el argumento de que los planteamientos estaban “alejados de un punto de vista liberal”.
Desde la organización política advierten de que el texto impulsado por el Gobierno autonómico adopta una visión “puramente mercantilista” de la vivienda, al tratarla como un bien de negocio en lugar de como un derecho fundamental reconocido en la Constitución. En este sentido, Podemos alerta de que el anteproyecto ignora medidas esenciales como el control de los precios del alquiler, la ampliación urgente del parque público de vivienda o la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional. Todo ello, advierten, deja desprotegidas a miles de familias cántabras que ya sufren graves dificultades para acceder a un hogar.
La coordinadora autonómica de Podemos Cantabria, Mercedes González, ha señalado que la futura norma “no busca garantizar un derecho, sino blindar el negocio inmobiliario”. Según afirmó, el Gobierno “rechaza regular los alquileres, proteger a las familias frente a los desahucios y ampliar el parque público”, lo que, en su opinión, evidencia que la legislación se está orientando hacia los intereses de los especuladores en lugar de la población trabajadora.
Podemos denuncia la falta de ambición social del anteproyecto de Ley de Vivienda cántabra
Podemos recuerda que presentó alegaciones a la práctica totalidad de los artículos incluidos en el anteproyecto y que, además, registró una propuesta alternativa de ley. Sin embargo, todas sus aportaciones fueron rechazadas salvo dos excepciones: la aceptación parcial de la figura del alquiler colaborativo y la actualización de una referencia legislativa obsoleta. Para la formación, este balance refleja “la absoluta falta de ambición social del anteproyecto” y confirma que el texto reduce la vivienda a una mercancía regida por la lógica del mercado.
Entre las propuestas rechazadas se encontraba el uso social permanente de la vivienda protegida, con el objetivo de evitar su desnaturalización, así como la limitación de los usos turísticos y terciarios en viviendas residenciales, una medida que, según Podemos, hubiera contribuido a proteger el acceso frente a la presión del turismo. “Todas fueron rechazadas bajo una misma justificación ideológica”, lamenta la formación morada.
El secretario de Mundo Rural de Podemos Cantabria, Pablo Gómez, añadió que “la vivienda no es un lujo, es un derecho”. Recordó que, mientras en pueblos y ciudades existen casas vacías, las familias jóvenes se ven obligadas a endeudarse de por vida o a marcharse fuera de la región al no poder pagar un alquiler. “La política del Gobierno es una rendición total a los intereses del mercado”, afirmó.
Además, la formación critica que el anteproyecto mantenga una visión punitiva en materia de inspecciones y aborde el fenómeno de la okupación únicamente desde un enfoque sancionador, sin tener en cuenta su relación con la emergencia habitacional. “El Gobierno prefiere blindar la especulación inmobiliaria en lugar de garantizar un techo digno a quienes lo necesitan”, concluyen desde Podemos Cantabria.
