El Ágora Solidaria Cultura y Memoria Luis Toca se ha sumado en Santander a la concentración convocada por el Sindicato de Vivienda de Cantabria para reclamar el derecho a la vivienda y denunciar los desahucios y la especulación inmobiliaria. La protesta, celebrada frente a la Delegación del Gobierno, reunió a unas 400 personas, según la organización convocante.
La movilización se produjo tras el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años de Madrid que, según el manifiesto leído durante la concentración, llevaba cuatro años reclamando permanecer en la vivienda en la que había residido durante siete décadas.
La protesta sirvió también para trasladar diferentes situaciones relacionadas con la vivienda en Cantabria. Durante el acto se mencionaron los casos de José, que se quedó sin casa en Muriedas; Blanca, desahuciada junto a su hija en Santander; y Carmen, que, según los convocantes, lleva meses sufriendo presiones de sus caseros para abandonar su vivienda.
Entre las situaciones expuestas estuvo igualmente la de las 107 vecinas de Hermanos Calderón, en Peñacastillo. El Sindicato de Vivienda sostiene que están sufriendo el «hostigamiento» de un fondo de inversión y de una empresa inmobiliaria que pretende que abandonen sus viviendas antes de que finalicen sus contratos de alquiler social.
Durante la concentración se sucedieron las intervenciones y los cánticos relacionados con el precio de la vivienda, los desahucios y la actuación de fondos de inversión. Entre los lemas coreados figuraron «No es un piso chulo, es un puto zulo», «Fuera fondos buitre de nuestros barrios» y «Cantabria no se vende, Cantabria se defiende».
También se escucharon consignas dirigidas a propietarios y responsables políticos, mientras los asistentes mantuvieron como una de sus principales reivindicaciones la defensa del acceso a una vivienda digna.
La presidenta del Ágora Solidaria Cultura y Memoria Luis Toca, María Toca, ha defendido la participación de la entidad en la movilización y ha señalado que la protesta no se limita al caso de Maricarmen, sino que pretende visibilizar otras situaciones de personas con dificultades para mantener su vivienda.
«Aquí volvemos a reunirnos en contra de la especulación inmobiliaria porque esto no tiene límite», ha señalado.
Toca ha explicado que la movilización busca también poner el foco en situaciones cercanas. «Estamos luchando por los derechos de María Carmen, pero no solo por eso, sino por la cantidad de Maricarmenes que hay, no solo en el territorio nacional, sino lo que nos toca de cerca en Santander», ha añadido.
La presidenta del Ágora ha asegurado que, según los datos que maneja la entidad, más de un centenar de personas estarían en riesgo de desahucio en Santander.
«Estamos aquí, una vez más, prestando nuestra voz y nuestro cuerpo intentando que esto se remedie», ha manifestado.
El Sindicato de Vivienda pide alternativas habitacionales antes de ejecutar desahucios
El portavoz del Sindicato de Vivienda de Cantabria, David Ayala, ha explicado que la concentración fue anunciada con menos de 24 horas de antelación como respuesta al desahucio de Maricarmen y ha destacado la participación registrada pese al reducido margen de convocatoria.
«Estamos muy contentos y muy contentas porque en tan poco tiempo hemos reunido a mucha gente», ha afirmado.
Ayala ha situado la especulación inmobiliaria entre los principales problemas que, a juicio de la organización, afectan actualmente al acceso a la vivienda y ha reclamado que no se produzca ningún desahucio cuando las personas afectadas carezcan de una alternativa habitacional.
«No se puede dejar a gente que no tiene una alternativa habitacional en la calle», ha defendido el portavoz.
Los vecinos de Hermanos Calderón reclaman una solución
La concentración contó también con la intervención de Clara Salas, representante de los vecinos de Hermanos Calderón, que explicó que las viviendas fueron construidas en 2013 con una finalidad de alquiler social.
Según relató, entre los residentes hay personas mayores, familias con menores y personas con discapacidad o grandes dependientes, colectivos para los que, según señaló, resultaría especialmente complicado acceder a una nueva vivienda.
«Nos quieren echar de las viviendas. Hemos tenido que soportar visitas a puerta fría, hemos tenido que soportar llamadas, notificaciones por WhatsApp», afirmó Salas.
La representante vecinal defendió que las familias han construido allí su hogar durante años y reclamó la intervención de las administraciones para encontrar una solución.
«Nosotros hemos construido en esas viviendas nuestro hogar durante 10 años, durante 13 años, durante 6 años y no nos vamos a ir», manifestó.
El manifiesto amplía las reivindicaciones sobre la vivienda
El acto concluyó con la lectura de un manifiesto en el que los convocantes extendieron sus reivindicaciones más allá del caso de Maricarmen y reclamaron medidas para las personas que tienen dificultades para acceder o mantener una vivienda.
El documento mencionó situaciones relacionadas con alquileres temporales, precios considerados inasumibles, problemas con las fianzas, hipotecas y presiones por parte de propietarios y fondos de inversión.
«El derecho a la vivienda está siendo desmenuzado delante de nuestros ojos», recoge el texto, que reivindica la organización colectiva y el apoyo mutuo como herramientas para afrontar los problemas relacionados con el acceso a una vivienda.
El manifiesto incorporó también críticas al impacto del turismo masivo sobre barrios y pueblos y a determinadas actuaciones sobre el territorio, dentro de una reivindicación más amplia sobre las condiciones necesarias para desarrollar un proyecto de vida.
Los convocantes reclamaron a las administraciones públicas medidas para proteger la vivienda como un derecho y anunciaron su intención de continuar con las movilizaciones.
El texto concluyó con una llamada a mantener la protesta y la organización colectiva: «No dejéis de luchar. Luchad por la vivienda, que es nuestro derecho».
