La diputada y candidata del PRC a la Presidencia autonómica, Paula Fernández Viaña, urgirá el lunes a la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, a pagar las subvenciones nominativas que adeuda el Gobierno a más de 300 entidades sociales, culturales y económicas que desarrollan funciones de interés público en la Comunidad Autónoma, por un importe total superior a los 25,2 millones de euros.
Fernández Viaña dedicará a este impago la primera pregunta que formulará a Buruaga en el nuevo periodo de sesiones del Pleno del Parlamento, con lo que espera obtener «un compromiso serio y firme» para acabar con la incertidumbre que viven los colectivos afectados, cuya labor es «esencial para las personas, porque llega donde no llegan las administraciones públicas».
La regionalista pedirá explicaciones a la presidenta sobre las razones por las que el Gobierno no ha articulado en la prórroga del presupuesto de 2025 los mecanismos legales que le brinda la Ley de Subvenciones para pagar las subvenciones nominativas vinculadas a convenios y obligaciones vigentes.
Además, le instará a aclarar «si va a pagar o no». «Esperamos que la respuesta sea un ‘sí’ rotundo, porque es cuestión de voluntad política y la prórroga presupuestaria no puede ser utilizada como coartada», ha subrayado.
«Las subvenciones nominativas deben pagarse ya para garantizar la actividad social»
En este sentido, ha agregado que la Ley de Subvenciones permite la concesión de ayudas de forma directa y «eso es lo que tiene que hacer de inmediato el Gobierno».
Además, y con el fin de contribuir a la «tranquilidad» de las entidades que en este momento están pendientes de la recepción de las subvenciones, el PRC ha contactado con todas ellas para darles a conocer el procedimiento que permite los pagos y trasladarles un mensaje de «confianza y apoyo a su labor».
Fernández Viaña ha realizado por último un llamamiento a la «responsabilidad» de la presidenta y le ha urgido a dar «las órdenes precisas para hacer efectivas, cuanto antes, las transferencias, porque cuenta con capacidad legal para ello».
«Buruaga tiene en su mano acabar con la incertidumbre de más de 300 agrupaciones que desarrollan un trabajo esencial en Cantabria y evitar que la falta de liquidez les impida continuar adelante», ha concluido.
