El pleno ordinario celebrado ayer en el Ayuntamiento de Piélagos estuvo marcado por la polémica en torno a la gestión del equipo de gobierno del Partido Popular y, en particular, del alcalde, Carlos Caramés. La sesión evidenció las discrepancias entre los grupos municipales a raíz de la negativa del ejecutivo local a aplicar medidas de compensación frente a la futura tasa de basuras y el pago, con cargo a las arcas municipales, de los gastos de un viaje oficial a Chile.
Según se puso de manifiesto en el debate, la aplicación de la nueva tasa, conocida popularmente como “basurazo”, supondrá a partir de 2026 un incremento de 60 euros anuales en el recibo de agua y basuras para los vecinos del municipio. La Asociación de Vecinos Independientes de Piélagos (AVIP) había solicitado en varias ocasiones la bajada del tipo impositivo del IBI de urbana como medida de compensación, pero tanto el alcalde como su equipo se han opuesto de forma reiterada, sin ofrecer alternativas concretas, pese a haber anunciado en medios de comunicación el pasado abril que estudiarían fórmulas de apoyo.
El alcalde de Piélagos afronta críticas por el viaje a Chile y el rechazo a bajar el IBI
El alcalde confirmó, además, que el Ayuntamiento costeará los gastos del viaje realizado a Chile en relación con el proyecto del Geoparque Costa Quebrada, cuyo importe asciende a 3.494 euros. Esta decisión fue duramente criticada por la oposición, que recordó también la subida salarial de Caramés al inicio de legislatura, superando los 50.000 euros anuales tras sucesivas actualizaciones. “No se puede exigir a los ciudadanos que asuman el basurazo y, al mismo tiempo, cargar a las arcas municipales gastos que no son procedentes en este contexto”, afirmó Luis Sañudo.
El pleno también abordó los pliegos administrativo y técnico del contrato de mantenimiento de zonas verdes, parques y jardines, un expediente que actualmente investiga la Fiscalía de Cantabria. Dicho contrato lleva vencido desde febrero de 2024 y, según consta en la documentación revisada por los concejales, existieron hasta dos requerimientos del técnico de secretaría en los que se advertía del anormal retraso en la tramitación. El funcionario llegó incluso a proponer asistencia externa para elaborar los pliegos, lo que genera dudas sobre la gestión de este proceso.
Por otro lado, el equipo de gobierno llevó de urgencia al pleno la aprobación de un convenio con el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) para garantizar el servicio de catering a las personas mayores necesitadas, cuyo contrato estaba próximo a vencer. Desde la oposición se consideró un ejemplo más de improvisación y falta de planificación en la gestión municipal.
El pleno reflejó una fuerte tensión política en Piélagos, con críticas a la gestión del alcalde y a su equipo por la falta de medidas de alivio fiscal ante el impacto del basurazo y por decisiones económicas que, según la oposición, generan descontento ciudadano.
