El PRC sostiene que las ayudas a la administración electrónica han pasado de 315.000 euros en 2023 a 75.000 en la convocatoria actual y critica que se restrinjan a ayuntamientos en riesgo de despoblamiento.
La diputada regionalista Rosa Díaz ha acusado a la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, de presentar como un éxito una convocatoria que, según sus cifras, dispone de 240.000 euros menos que la de 2023. La parlamentaria cifra la reducción en un 76,2% respecto a los 315.000 euros que atribuye a aquella convocatoria.
Díaz ha calificado de «sorprendente» que la medida se presente como una muestra del compromiso del Gobierno con la digitalización. «Urrutia puede envolverlo en toda la propaganda que quiera, pero los números son los números: hoy hay 240.000 euros menos para ayudar a los ayuntamientos a sufragar estos servicios», ha afirmado.
La diputada también ha repasado la evolución de esta partida desde 2023. Según ha explicado, después de los 315.000 euros de aquel año, el presupuesto de 2024 consignó 131.476 euros, aunque las ayudas no llegaron a convocarse. La convocatoria actual cuenta con 75.000 euros.
La convocatoria actual restringe las ayudas a municipios en riesgo de despoblamiento
Rosa Díaz sostiene que la reducción afecta también al número de posibles beneficiarios. Según la parlamentaria, la convocatoria de 2023 estaba abierta a todos los ayuntamientos cántabros de menos de 20.000 habitantes, mientras que la actual se circunscribe a municipios declarados en riesgo de despoblamiento. «Hay menos dinero y para menos ayuntamientos», ha criticado.
La regionalista ha asegurado además que durante la tramitación de los Presupuestos de Cantabria para 2025 su partido consiguió elevar de 75.000 a 100.000 euros la partida prevista para estas ayudas. Sin embargo, afirma que la convocatoria definitiva se ha publicado por los 75.000 euros inicialmente contemplados.
Díaz ha advertido de las dificultades que, a su juicio, esta situación genera para los pequeños consistorios a la hora de afrontar gastos de mantenimiento, soporte técnico, actualizaciones e integración de sistemas. También ha acusado a la Consejería de haber «incumplido» el crédito aprobado en el Parlamento.
Por último, la diputada ha cuestionado que la Consejería englobe estas ayudas dentro de una cifra de cuatro millones de euros destinada a la transformación digital durante la legislatura mediante diferentes proyectos. Díaz considera «engañoso» mezclar esas actuaciones con esta línea concreta y ha insistido en que las ayudas directas a la administración electrónica local han pasado, según sus datos, de 315.000 a 75.000 euros.
