ANPE Cantabria ha denunciado la política de la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria en el proceso de escolarización, al considerar que restringe la admisión de alumnado en centros públicos cuando esa demanda supondría abrir nuevas unidades o aulas.
El sindicato ha manifestado su rechazo a una actuación que, según sostiene, limita de forma artificial el número de alumnos que pueden ser escolarizados en centros públicos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria.
ANPE Cantabria considera que esta situación restringe el derecho de las familias a elegir el modelo educativo y el centro que desean para sus hijos. La organización afirma que algunas familias que han solicitado determinados centros públicos ven condicionada su elección por decisiones administrativas.
Según el sindicato, la Consejería prioriza criterios organizativos frente a la demanda real existente. ANPE advierte de que esta práctica supone un perjuicio para las familias que han expresado su voluntad de acceder a centros públicos concretos.
ANPE Cantabria pide abrir aulas públicas para atender la demanda de escolarización
La organización considera especialmente preocupante que, mientras se impide la creación de nuevas aulas en la red pública para atender esa demanda, se favorezca la escolarización en centros privados sostenidos con fondos públicos mediante concierto educativo.
ANPE Cantabria sostiene que esta situación genera un trato desigual que perjudica a la enseñanza pública y limita las opciones reales de las familias. El sindicato defiende que la libertad de elección de centro no puede quedar condicionada cuando la opción elegida es la escuela pública.
La organización reclama a la Consejería de Educación que rectifique esta política y permita la escolarización en centros públicos cuando así lo soliciten las familias. Para ello, pide habilitar las aulas necesarias y garantizar los recursos humanos y materiales que permitan atender la demanda existente.
ANPE Cantabria subraya que la enseñanza pública debe ser una prioridad para la Administración educativa. A su juicio, esa prioridad debe reflejarse no solo en el discurso, sino también en decisiones que refuercen la capacidad de respuesta de los centros públicos y respeten los derechos de las familias.
Fuente: ANPE Cantabria
