El sindicato valora la tramitación de la norma en Cantabria, pero pide que incluya apoyo jurídico y psicológico efectivo, más respaldo institucional y cambios en las condiciones laborales.
ANPE ha presentado aportaciones al anteproyecto de Ley de Autoridad del Profesorado y de la Convivencia Escolar en Cantabria y sostiene que el reconocimiento formal de la autoridad docente debe traducirse en medidas reales de protección y respaldo en los centros.
El sindicato considera positiva la tramitación de la futura norma, aunque advierte de que el reto no es solo reforzar la consideración profesional, jurídica y social del profesorado, sino garantizar que ese reconocimiento tenga efectos prácticos. En este sentido, recuerda que la autoridad docente ya cuenta con reconocimiento en la normativa estatal y defiende que ahora hace falta convertir ese marco en apoyo efectivo y confianza institucional.
ANPE también reclama que la elaboración del texto se abra al diálogo y la negociación con las organizaciones sindicales representativas, al entender que serán los docentes quienes deban aplicar y desarrollar la ley en su trabajo diario. El sindicato enmarca esta petición en un contexto de creciente malestar entre el profesorado, que vincula al exceso de burocracia, la presión sobre la evaluación, el aumento de episodios de violencia verbal, las grabaciones no consentidas, las campañas de descrédito y el desgaste emocional.
ANPE pide apoyo jurídico, psicológico y laboral para el profesorado
Entre las principales propuestas de ANPE figura la incorporación de un capítulo específico sobre protección jurídica y psicológica del profesorado. El sindicato plantea que la ley recoja un sistema integral de asistencia y acompañamiento y que, después, se desarrolle reglamentariamente un procedimiento ágil, accesible y eficaz para atender a los docentes que necesiten esa ayuda. También defiende que se revisen los protocolos para evitar, por ejemplo, que un profesor agredido tenga que seguir impartiendo clase a su agresor.
Junto a ello, ANPE pide que la norma refuerce la presunción de veracidad del profesorado en el ejercicio de sus funciones y evite situaciones en las que, ante una queja o reclamación, el docente se sienta sometido a una presunción implícita de culpabilidad. El sindicato propone además instrucciones claras para equipos directivos e inspección educativa, respeto al criterio técnico del profesorado y medidas para impedir presiones ligadas a determinados porcentajes de aprobados.
La organización sindical vincula además la consideración social y profesional del profesorado a mejoras concretas en las condiciones laborales. Entre ellas cita la actualización periódica de los complementos retributivos, la recuperación del poder adquisitivo perdido, incluida la reversión del recorte en las pagas extraordinarias, la reducción de la temporalidad, la estabilización de plantillas, la bajada de ratios, la disminución de la carga burocrática, la reducción del horario lectivo y una regulación adecuada de las actividades complementarias y extraescolares.
ANPE añade que la futura ley debería incorporar campañas institucionales permanentes para visibilizar la aportación social del profesorado, informar a las familias sobre el trabajo que desarrolla, promover entre el alumnado el respeto a la figura docente y difundir su condición de autoridad pública. En sus observaciones al texto, el sindicato también pide reforzar el apoyo jurídico ante incidentes relacionados con la función docente, concretar mejor el deber de colaboración de las familias, precisar el concepto de acoso escolar y aclarar el tratamiento de las conductas realizadas por medios electrónicos o tecnológicos.
