ANPE exige la restitución de las pagas extraordinarias íntegras tras quince años de recortes. La organización denuncia que, tres lustros después de la aprobación del Real Decreto-ley 8/2010, el profesorado y el conjunto del personal al servicio de las administraciones públicas siguen sin recuperar la totalidad de las cuantías que legalmente les corresponden en sus pagas extra, a pesar de que las circunstancias económicas que justificaron las medidas excepcionales de reducción del déficit quedaron atrás hace tiempo.
La Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza recuerda que el artículo 1 del Real Decreto-ley supuso una disminución de todos los componentes del salario docente, pero que su efecto más duradero ha sido el recorte de las pagas extraordinarias, prorrogado año tras año mediante las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado. Desde 2010, el personal público solo percibe una parte de sus retribuciones básicas en las pagas de junio y diciembre.
El sindicato señala que, en el caso del profesorado, esto supone una merma anual de entre 600 y 1.000 euros según el cuerpo docente y los años de experiencia, llegando en algunos casos a una disminución acumulada de alrededor de 15.000 euros.
El presidente de ANPE, Francisco Venzalá, afirma que “la reducción salarial aplicada en las pagas extraordinarias es inasumible para un colectivo que ha soportado desde 2010 congelaciones retributivas y una pérdida del poder adquisitivo superior al veinte por ciento”. A su juicio, “lo excepcional se ha vuelto permanente”.
“ANPE insiste en que la recuperación íntegra de las pagas extra es un derecho legal”
Así, recuerda que el Real Decreto-ley 8/2010 establecía que los recortes aplicados debían mantenerse solo mientras persistieran las circunstancias económicas extraordinarias. “A día de hoy, con la economía en crecimiento y la recaudación pública al alza, mantener este recorte no solo es injusto, sino que carece de justificación. No existe ninguna razón objetiva para seguir manteniendo un recorte que castiga de manera desproporcionada al profesorado y al conjunto de empleados públicos”, recalca.
En consecuencia, ANPE exige la recuperación íntegra de las pagas extraordinarias y la eliminación de cualquier rastro de los recortes iniciados en 2010. Para el sindicato, no se trataría estrictamente de una subida salarial, sino simplemente del cumplimiento de lo que ya está establecido en la ley: el abono de los salarios anuales íntegros, algo que Venzalá considera “una cuestión de dignidad profesional y justicia retributiva”.
El presidente de ANPE resalta que “el personal docente ha demostrado su compromiso en los años más difíciles —durante la crisis económica, durante la pandemia y en la recuperación posterior— y merece que ese esfuerzo sea reconocido también en su nómina”.
En su opinión, “no se trata solo de devolver una parte del salario, sino de reparar una injusticia histórica que ha lastrado el reconocimiento económico y social del profesorado durante tres lustros”. Por ello, sostiene que “ha llegado el momento de cerrar definitivamente esta herida salarial y de reconocer con hechos —no solo con palabras— el valor del trabajo docente en la educación pública”.
