El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, ha publicado en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) la orden que establece el nuevo Plan de Gestión del Lobo, que será revisado cada cinco años. Este instrumento actualiza la planificación vigente desde 2019 y refuerza el modelo de coexistencia entre la conservación de la especie y la actividad ganadera.
La consejera María Jesús Susinos ha informado de que Cantabria cuenta actualmente con al menos 23 manadas de lobo y una población de más de 200 ejemplares, lo que confirma un estado de conservación favorable. Este crecimiento, sin embargo, ha venido acompañado de un aumento significativo de los daños a la ganadería extensiva, que en 2025 alcanzaron los 3.057 ataques (371 más que en 2024) y generaron indemnizaciones superiores a 1,7 millones de euros, cifra similar a la del año anterior. Además, ha recordado que “en los últimos cinco años se ha multiplicado por tres el número de animales muertos por ataques de lobo”.
«El plan de gestión del lobo busca equilibrio con la ganadería en Cantabria»
En este contexto, el nuevo plan busca equilibrar la protección de la especie con la viabilidad de las explotaciones ganaderas, dado que el lobo (Canis lupus signatus), presente en más del 80 % del territorio cántabro y también en zonas de costa, ha experimentado una notable recuperación en las últimas décadas y forma parte del patrimonio natural y cultural de la región.
Para Susinos, este plan “es fruto del compromiso adquirido con el sector primario, cumpliendo nuestra hoja de ruta”. Además, ha señalado que se suma a la salida del lobo del LESPRE, a las extracciones realizadas en los últimos meses, a la actualización del baremo de daños y a la eliminación del límite en el seguro que cubre los daños a los ganaderos.
Principales novedades
La nueva regulación introduce cambios respecto al plan aprobado en 2019. Entre ellos, los controles de ejemplares de lobo se configuran de forma independiente de la actividad cinegética, dejando de estar vinculados a la caza de otras especies. Según la consejera, esto aporta mayor seguridad jurídica con independencia de la situación legal del lobo.
Asimismo, se establece una nueva zonificación del territorio en función de criterios ecológicos y socioeconómicos:
- Zona 1: áreas con presencia estable de lobos, alta carga de ganadería extensiva y baja densidad urbana.
- Zona 2: municipios con presencia ocasional o ausencia de la especie, mayor densidad poblacional y menor carga ganadera.
Esta división permitirá aplicar medidas específicas según cada territorio.
Otro de los pilares del plan es el impulso a la participación pública y la coordinación entre administraciones. Se desarrollará la denominada ‘Mesa del Lobo’, un órgano consultivo que integrará a los sectores implicados y permitirá evaluar el cumplimiento del plan.
Un modelo basado en la coexistencia
Según Susinos, el plan mantiene como principio fundamental “garantizar la coexistencia entre el lobo y la ganadería extensiva”, clave para el medio rural y la lucha contra la despoblación.
Entre sus principales objetivos destacan:
- Mantener el estado de conservación favorable del lobo.
- Reducir la conflictividad con medidas preventivas.
- Mejorar el sistema de indemnizaciones.
- Reforzar el seguimiento científico.
- Impulsar la sensibilización social.
Acciones concretas
El plan refuerza el apoyo a medidas preventivas no letales, con ayudas específicas y asesoramiento técnico a ganaderos.
También se actualizará el sistema de pago por servicios ambientales. En relación con el nuevo baremo de daños, la consejera ha afirmado: “Una cuestión de justicia, ya que en los últimos años se ha incrementado notablemente el valor de los animales”.
Se mantiene el control de ejemplares de lobo, con cupos anuales limitados a un máximo del 20 % de la población.
La aprobación del plan se produce tras la modificación de la Directiva Hábitats en 2025, que permite gestionar determinadas poblaciones garantizando su conservación.
