El auto judicial ha llevado al PSOE de Santander a sostener que existió “un fallo grave en la cadena de control y seguridad” de la pasarela. El portavoz socialista, Daniel Fernández, considera que la resolución abre una nueva fase al investigar responsabilidades concretas.
Para los socialistas, el contenido de la resolución desmonta la tesis mantenida hasta ahora por el Partido Popular, basada en repartir o diluir responsabilidades entre distintas administraciones.
Fernández ha asegurado que la jueza no describe un vacío de competencias, sino una posible dejación de funciones ligada a obligaciones de mantenimiento y actuación. A su juicio, el caso marca “un antes y un después” porque ya apunta a responsables concretos.
El portavoz del PSOE ha puesto el foco en la existencia de avisos previos sobre el estado de la infraestructura. En este sentido, ha recordado que había quejas vecinales y una alerta apenas 24 horas antes de la tragedia, por lo que, en su opinión, el problema no fue de falta de información, sino de inacción.
También ha recuperado la moción aprobada en 2019 para revisar el estado de estas infraestructuras y ha afirmado que el equipo de Gobierno no llegó a ejecutarla. Para Fernández, no se trata de un fallo aislado, sino de una falta de respuesta mantenida en el tiempo.
El auto judicial reabre el debate sobre la gestión municipal de los avisos de riesgo
El dirigente socialista ha criticado además la reacción de la alcaldesa por, a su juicio, desplazar la responsabilidad hacia los niveles más bajos de la administración, en referencia a la Policía Local.
Fernández ha señalado que el cuerpo se encuentra bajo mínimos, con escasez de mandos intermedios, medios limitados y sin protocolos claros para atender las llamadas de los ciudadanos. En esa línea, ha defendido que el debate no debe centrarse en quién recibió la alerta, sino en qué hizo el Ayuntamiento ante un aviso de riesgo.
El grupo socialista considera que la evolución del procedimiento judicial obliga también a asumir responsabilidades políticas, al entender que no se evitó una situación que, a su juicio, podía prevenirse.
Fernández ha reclamado un cambio profundo en la gestión municipal para evitar que episodios similares vuelvan a repetirse y ha insistido en que la respuesta institucional no puede llegar tarde ante advertencias vecinales de peligro.
