UPTA denuncia la situación de injusticia estructural que vive el colectivo de trabajadores autónomos personas físicas, frente a un sistema fiscal que continúa beneficiando a las grandes sociedades.
La presión fiscal sobre el colectivo autónomo es desproporcionada y, sigue sin corregirse a pesar de las promesas de reforma. En el año 2018, con Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda y Fátima Báñez como ministra de Empleo, se aprobó la Ley de Reformas Urgentes para el Trabajo Autónomo. Que, aunque fue presentada como un avance, supuso un fuerte recorte en la capacidad de deducción de muchos de los gastos esenciales para el desarrollo de la actividad económica de los trabajadores autónomos.
UPTA denuncia que las grandes empresas disfrutan de más ventajas que los autónomos
En uno de sus puntos sobre fiscalidad se encontraba la regulación de las deducciones por el uso del domicilio habitual como lugar de trabajo, limitando su deducción al 30% de la parte proporcional de la vivienda destinada a la actividad. En la práctica, esto ha supuesto una deducción real inferior al 3% en muchos casos, muy por debajo de lo que se venía permitiendo antes (en torno al 9%). Además, se establecieron fuertes restricciones para la deducción de gastos de manutención, supeditando su aceptación a condiciones difíciles de cumplir, lo que ha generado una gran inseguridad jurídica para los autónomos.
Se generó una narrativa engañosa en torno a unas supuestas mejoras que solo beneficiaron a la Agencia Tributaria, como el límite del 7 % para los gastos de difícil justificación, un techo que, lejos de ampliarse, quedó estancado y restringió la deducibilidad de gastos cotidianos que, aunque necesarios para la actividad, no pueden documentarse con detalle.
Además, la ley dejó a juicio exclusivo de la Agencia Tributaria la aceptación de estos gastos, eliminando la presunción de legitimidad que antes gozaban y trasladando la carga de la prueba al autónomo.
Todo esto ocurrió en paralelo a un contexto en el que las grandes empresas y sociedades disponen de múltiples herramientas legales para rebajar su carga fiscal efectiva, mientras la situación de los trabajadores autónomos no ha parado de empeorar. Lamentablemente denunciamos además que el actual Gobierno no ha modificado ni una sola coma del régimen fiscal aprobado en 2018. Ni se han revisado las deducciones, ni se ha protegido fiscalmente al autónomo que trabaja desde su casa o que realiza actividades con gastos cotidianos difíciles de justificar. Desde UPTA, exigimos que el nuevo curso político ponga fin a esta discriminación histórica con una reforma real y justa de la fiscalidad en el colectivo.
Para Eduardo Abad, presidente de UPTA, “no se puede mantener por más tiempo esta desigualdad. Se nos exige como si fuéramos grandes empresas, pero se nos trata como si fuéramos delincuentes fiscales. Es una persecución institucional encubierta bajo normativas desproporcionadas”.
