Se acerca la fecha de enero de 2026, día en que se implementará la brutal subida de la tasa de basura aprobada por el Partido Popular de Piélagos en solitario, en relación con la gestión del servicio de recogida de residuos. Dicha subida supondrá un aumento en la cuota anual de unos 60 euros en el recibo de los vecinos de Piélagos.
La cuota doméstica que pagan actualmente los vecinos de Piélagos por el servicio de recogida de basuras es de 21,433 € al trimestre. Con la aplicación del “basurazo”, pasarán a pagar 36,14 € cada tres meses, lo que representa una subida porcentual del 68,58 %. Esta es la propuesta que trajo el equipo de gobierno del PP al pleno ordinario del Ayuntamiento de Piélagos para su aprobación.
La propuesta que el PP de Piélagos presentó en su momento para su debate en el pleno de abril de este año fue una propuesta poco trabajada, que se presentaba sin ningún tipo de medidas de acompañamiento que pudieran modular el esfuerzo fiscal de los vecinos en función de su renta.
Todos pagarán igual y los vecinos asumirán, a partir de ahora, el coste total del servicio de recogida de basuras. El Partido Popular de Piélagos ha tenido dos años y medio para buscar fórmulas que pudieran compensar esta subida que, entendemos, no tienen por qué soportar los vecinos, cuando existen mecanismos para que los ciudadanos no se vean castigados con una nueva tasa.
Alternativa Vecinal Independiente de Piélagos (AVIP) viene reiterando desde que comenzó la legislatura la necesidad de bajar la presión fiscal de los vecinos, a través de mociones que planteaban la bajada del tipo impositivo del IBI, rechazadas reiteradamente por el equipo de gobierno del Partido Popular. Sin ir más lejos, en el pleno ordinario del mes de julio de este año, AVIP presentó una moción de urgencia solicitando la bajada del tipo impositivo del IBI urbano del 0,50 % actual al 0,46 %, moción que el alcalde Caramés no llegó ni a debatir, rechazando su urgencia con su mayoría absoluta.
Subir la tasa de basura sin progresividad castiga a las rentas más baja
En abril de 2022 entró en vigor la Ley estatal 7/2022, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, que incluía como novedad la obligación para todos los municipios españoles de aplicar nuevos impuestos, entre los que se encuentran aquellos sobre la incineración y coincineración de residuos, y sobre la eliminación de residuos mediante su depósito en vertedero.
La ley dio de plazo hasta el 10 de abril de 2025 para que los ayuntamientos establecieran una tasa de basura con tres características o condiciones: diferenciada del IBI, que cubra efectivamente el gasto de recogida y tratamiento de residuos, y que no pueda ser deficitaria. Son los municipios los responsables de la prestación del servicio de gestión de los residuos sólidos urbanos y, por lo tanto, deben asumir su coste, salvo en aquellos con menos de 5.000 habitantes.
En AVIP creemos que es necesario que los ayuntamientos no se limiten a crear la nueva tasa o a incrementarla si ya la tienen. La implantación debe ir acompañada de reducciones equivalentes en el IBI. Igualmente, deben disponer, en el correspondiente reglamento de la tasa, de instrumentos de progresividad fiscal que faciliten a las rentas más bajas cumplir con sus obligaciones, según el principio que exige la normativa europea de “quien contamina, paga”, pero también contemplando la posibilidad de mecanismos de exención parcial o total, según el caso.
Habida cuenta de que todos los estudios que relacionan renta con generación de residuos indican que, a mayor renta, mayor generación de residuos, no debería ser muy difícil establecer la necesaria progresividad fiscal en la tasa.
Para Alternativa Vecinal Independiente, parece imprescindible que este asunto se aborde con sensibilidad ambiental, porque no podemos seguir produciendo más de un kilo de basura por habitante y día, ni mantener los actuales porcentajes de recuperación, reutilización y reciclaje. Hace falta muchísimo más si queremos evitar la actual contaminación de suelos, acuíferos y del aire. Y para todo esto es imprescindible también la lealtad y cooperación institucional, asumiendo que todos hemos sido partícipes del problema y, por tanto, todos debemos ser parte de la solución.
Tenemos que insistir en que la mejor —y casi única— opción para tener una gestión de residuos que no ponga en peligro la salud o el medio ambiente es la reducción de residuos. Por ello, las políticas municipales, regionales y estatales deben ir dirigidas principalmente a ello. No podemos sustituir el vertido por la incineración; debemos reducir tanto el vertido como la incineración. No hay otro camino, señala Luis Sañudo.
La tendencia habitual de la mayoría de los gobiernos municipales es emplear el menor presupuesto posible en la prevención, gestión y eliminación de residuos que sale del IBI, impuesto que no está necesariamente pensado para ello.
Así que lo que suelen destinar apenas alcanza para el servicio básico al que les obligaba la ley antes de 2022, consistente en un sistema de recogida selectiva poco exigente (normalmente sin recogida separada de materia orgánica), transporte y vertido directo en un vertedero sin clasificación previa ni pretratamiento, en el que la fracción resto lleva una gran mezcla de residuos, entre ellos los orgánicos.
