La movilización, celebrada el 6 de junio, defendió vivienda, servicios públicos, empleo digno y protección del territorio frente a la turistificación y la precariedad.
Bajo el lema “Cantabria para vivir”, cerca de un millar de personas salió este viernes a la calle para reclamar una comunidad con más vivienda pública, servicios públicos reforzados, empleo digno y protección del territorio.
El texto defendió una Cantabria rural “con futuro” y criticó que los servicios públicos se rijan por criterios de rentabilidad económica. También advirtió del desplazamiento que, según el manifiesto, provocan las residencias esporádicas y los apartamentos turísticos en los valles rurales.
La movilización situó entre sus principales reivindicaciones la defensa de la sanidad pública, con la atención primaria como base, centros de salud con bajas y vacaciones cubiertas y una atención especializada reforzada para cumplir los plazos de la ley de garantías sin recurrir a externalizaciones en entidades privadas.
El manifiesto también reclamó una red pública de centros educativos con infraestructuras y patios adaptados al cambio climático, ratios más bajas y recursos para atender la diversidad.
Cantabria para vivir exige regular la vivienda y frenar la turistificación
En materia de dependencia, el texto defendió que hacerse mayor no suponga “tener miedo al futuro” y reclamó que la atención a la dependencia sea un derecho garantizado. En este punto, expresó su apoyo a los trabajadores del CAD de Laredo y rechazó que se repitan cierres de centros públicos como el de La Pereda, hoy convertido, según el manifiesto, en un centro privado.
La defensa de la industria fue otro de los ejes del comunicado. El manifiesto recordó a las plantillas de Prysmian y Solvay, así como a las de Bridgestone, Sniace, Nestlé y otras empresas, y reclamó empleo productivo, estable y digno frente a un modelo laboral que, según el texto, genera trabajos de pocos meses al año y precariedad.
La movilización también pidió proteger el patrimonio cultural y natural de Cantabria, desde su arquitectura, montañas, deportes, bosques, lengua, valles, gastronomía y costa. El manifiesto citó las secuoyas de Cabezón como ejemplo de saturación por un turismo descontrolado y advirtió contra la reproducción de ese modelo en Oyambre, la costa de Ribamontán, Picos o Castru Valnera.
En relación con el territorio, el texto reclamó una planificación que escuche a quienes viven en cada barrio, pueblo y valle, y una transición energética que cuente con el territorio para evitar convertir el sur de Cantabria en “zona de sacrificio”. También exigió que el acceso a la vivienda sea un derecho, la creación de un parque público real, una ley autonómica que reconozca zonas tensionadas, la regulación del alquiler y la prohibición de apartamentos turísticos en esas zonas.
El manifiesto denunció además la venta a un fondo buitre de las 107 viviendas de alquiler asequible del Primero de Mayo, en Peñacastillo, y cerró con dos lemas: “Cantabria para vivir” y “Cantabria no se vende, Cantabria se defiende”.
