JUCIL, asociación mayoritaria de la Guardia Civil, alerta sobre el preocupante aumento de agresiones a los guardias civiles en Cantabria y reclama mayor protección legal, así como dotación de medios para garantizar la seguridad de sus efectivos.
José Mota, secretario provincial de JUCIL en Cantabria, alerta del alto número de agresiones y atentados contra la Benemérita en la comunidad, con 33 casos registrados en 2024, una cifra solo superada por Almería, con 46 ataques. Esta situación resulta alarmante, especialmente en una zona que, a priori, debería ser más tranquila, al no ser una puerta de entrada del narcotráfico ni de inmigración ilegal, como ocurre en provincias gallegas, andaluzas o en las Islas Canarias.
En los últimos años, la violencia contra los agentes en la región ha aumentado considerablemente, convirtiéndose en una preocupación constante.
«La laxitud de la legislación actual ha provocado que se haya perdido en principio de autoridad. Hace 20 años, cuando llegaba la Guardia Civil a un lugar donde se había cometido un delito o se producía un altercado, las personas se retiraban con respeto, incluso si el agente era joven.
Ahora nos cuesta mucho más hacer nuestro trabajo porque, además de que el Código Penal es más favorable para el delincuente que para la víctima, hoy cualquiera graba nuestras actuaciones con su móvil y las publica en redes sociales, por lo que, el criminal se resiste con violencia y debemos ejercer mayor fuerza, nos acusan a nosotros de abuso policial», señala Mota. «Las penas son tan blandas que un sujeto que comete un delito grave, como un homicidio en grado de tentativa, queda rápidamente en libertad y reincide, porque sabe que saldrá impune», recalca.
JUCIL denuncia el incremento de agresiones a guardias civiles y pide más protección
Un ejemplo de esta problemática ocurrió recientemente en Reinosa. Una patrulla de la Guardia Civil detuvo a un vehículo que circulaba de manera errática por la carretera. Al proceder a la identificación del conductor, este —ebrio y sin carnet de conducir— junto con su copiloto, atacó brutalmente a los agentes hasta inmovilizarlos.
Un ejemplo de esta problemática ocurrió recientemente en Reinosa, cuando una patrulla de la Guardia Civil detuvo a un vehículo que circulaba de manera errática por la carretera. Mientras los agentes intentaban identificar a sus ocupantes, el copiloto comenzó a agredirlos, forzándolos a repeler la agresión y tratar de reducirlo. En medio del forcejeo, el conductor—ebrio y sin carnet de conducir—aprovechó la situación para subirse al coche y huir, mientras que el otro delincuente se apoderó del vehículo oficial y lo despeñó en la ruta hacia Alto Campoo.
Cabe destacar que el conductor, responsable de ambos delitos, ya había sido arrestado en verano de 2023 por disparar a una familia con niños tras una discusión de tráfico en Reinosa.
En aquel momento fue acusado de homicidio en grado de tentativa, tenencia ilícita de armas y un delito contra la seguridad vial al conducir el turismo pese a tener ya entonces retirado el permiso de circulación.
“No es comprensible para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni para la ciudadanía que un personaje con esos antecedentes pueda pasear tranquilamente por la calle”, comenta el guardia civil quien además señala que este es el tercer incidente grave contra un agente en Cantabria solo desde enero.
“Este año hemos llegado a ser agredidos incluso por una mujer víctima de violencia de género mientras intentábamos reducir a su atacante”, asegura el agente, totalmente desconcertado.
A lo largo de 2024, JUCIL ha asumido la defensa jurídica de esos 33 casos de agresiones y atentados contra guardias civiles en Cantabria, ejerciendo la acusación particular y reclamando el máximo castigo previsto por el Código Penal.
Desde la asociación, insisten en la necesidad de una legislación más dura y homogénea, con penas ejemplares para quienes agreden o amenazan a los agentes del orden. «Si nosotros mismos no alzamos la voz para defender nuestros derechos como guardias civiles, ¿quién lo hará? Necesitamos recuperar la autoridad que algunos han ido erosionando poco a poco. Cuando acudimos a un lugar en el que se nos necesita, merecemos respeto. No olvidemos que la Guardia Civil cubre la seguridad ciudadana en más del 80% del territorio español», concluye Mota.
Estadística nacional
Las agresiones a agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad crecieron un 18% solo en 2024, alcanzando un total de 1.404 casos, lo que supone la cifra más alta registrada hasta la fecha. En 2021 se situaron en 1.051 y en 2022 fueron 1.193.
En los últimos dos años, este tipo de ataques ha aumentado un 34%, evidenciando el deterioro del principio de autoridad y la falta de respeto hacia los cuerpos policiales. En muchas ocasiones, los efectivos deben recibir asistencia médica tras sufrir lesiones durante su jornada laboral.
Mientras que las agresiones generales han aumentado, los atentados con armas han disminuido un 23%, con 36 casos registrados en 2024.
JUCIL reclama la implementación de medidas materiales y de prevención adecuadas, que permitan a los guardias civiles desempeñar sus funciones con la seguridad que merecen. Es imprescindible que el Gobierno actúe de inmediato para proporcionar recursos y herramientas que minimicen los riesgos a los que están expuestos los agentes”.
En este sentido, considera imprescindible la dotación de defensas extensibles, una por cada Guardia Civil; pistolas eléctricas paralizantes para cada patrulla; cámaras unipersonales; chalecos antibalas individuales, pues actualmente se comparten y muchas veces utilizando otras tallas; chalecos antibalas y trajes de flotabilidad para el Servicio Marítimo; fundas de pistola antihurto y vehículos modernizados. Además, solicita protocolos de custodia de detenidos y para evitar desplazamientos en solitario de un único efectivo para formar patrulla.
