La región coordinará políticas sociales y laborales en el Consejo de Ministros de la Unión Europea, abordando retos como el envejecimiento y la digitalización
El Gobierno de Cantabria asumirá durante el primer semestre de 2025 la representación de las comunidades autónomas españolas en el Consejo de ministros de Empleo y Políticas Sociales (EPSCO) de la Unión Europea.
Este rol, asignado de manera rotatoria entre las comunidades autónomas desde 2005, representa, según el Ejecutivo, «una oportunidad clave» para que Cantabria contribuya activamente a la definición de las políticas sociales y laborales en Europa. En concreto, esta responsabilidad será asumida de forma compartida por las consejerías de Industria, Empleo, Innovación y Comercio y de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad del Gobierno cántabro.
El Consejo EPSCO es uno de los órganos principales de la Unión Europea en la toma de decisiones sobre empleo, protección social, igualdad de oportunidades y mejora de las condiciones laborales. En este periodo, Cantabria trabajará siguiendo las prioridades establecidas por la Presidencia polaca del Consejo de la Unión Europea, que son, entre otras, el futuro del trabajo en la Europa digital, la igualdad y cohesión social, y los desafíos asociados al envejecimiento de la población.
En este contexto, se abordarán temas fundamentales como el derecho a la desconexión, una medida esencial para garantizar el equilibrio entre la vida laboral y personal en un entorno cada vez más digitalizado. También se debatirá sobre la gestión ética y efectiva de la inteligencia artificial en el ámbito laboral, promoviendo su integración de manera que respete los derechos de los trabajadores y fomente un desarrollo laboral sostenible.
Otro de los ejes prioritarios será reforzar una Europa de igualdad y cohesión, con políticas orientadas a garantizar oportunidades igualitarias, inclusión social y una mayor cohesión entre regiones y grupos sociales. Asimismo, se analizarán estrategias para hacer frente al envejecimiento de la población europea, buscando maximizar las oportunidades de la «economía plateada» –la vinculada al cambio demográfico producido por el envejecimiento de la población-, y garantizar un envejecimiento activo, saludable y digno.
En paralelo, se espera avanzar hacia un acuerdo en la Directiva de prácticas formativas, una normativa destinada a mejorar las condiciones laborales de quienes realizan prácticas, estableciendo estándares mínimos que aseguren su bienestar y faciliten su integración en el mercado laboral.
El consejero de Industria y Empleo, Eduardo Arasti, ha valorado la posición de Cantabria y ha destacado que nuestra comunidad «refuerza su compromiso con la construcción de una Europa inclusiva y preparada para afrontar los retos del futuro».
Por su parte, la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez, ha afirmado que esta experiencia como comunidad que representa al resto autonomías españolas en una institución «tan importante» de la UE, no solo permitirá defender los intereses regionales, sino también posicionar a Cantabria como un referente en la aplicación de buenas prácticas y contribuir activamente al diseño de las políticas sociales y laborales de la Unión Europea».
