La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en las administraciones públicas y con creciente presencia en el sector privado, ha denunciado la inacción del Gobierno de Cantabria ante posibles incumplimientos graves del Plan de Igualdad entre hombres y mujeres y del Protocolo de Prevención y Actuación frente al Acoso Laboral, ambos en vigor desde el pasado 19 de febrero y aplicables a todos los empleados públicos de la administración autonómica.
Según el sindicato, en distintos centros de trabajo se han presentado denuncias que podrían estar revelando situaciones de abuso hacia trabajadores. CSIF subraya que estos casos deberían haberse tratado con urgencia y transparencia, tal y como establecen los protocolos, pero critica que la administración haya optado por la opacidad, al no informar a los delegados de Prevención de Riesgos Laborales, lo que dificulta garantizar la seguridad y dignidad del personal.
CSIF alerta de incumplimientos en teletrabajo y Plan de Igualdad
La organización sindical señala además que la Consejería de Presidencia no ha constituido la Comisión de Seguimiento prevista tanto en el Plan de Igualdad como en el Protocolo de Acoso. Se trata de un órgano clave para evaluar, prevenir y actuar ante posibles situaciones de violencia laboral, cuya reunión debería celebrarse de forma semestral con la participación de representantes sindicales. Para CSIF, esta ausencia evidencia la falta de interés del Ejecutivo en garantizar el cumplimiento de las medidas de protección de sus empleados.
El sindicato recuerda igualmente que persisten otros incumplimientos en materia laboral. Como ejemplo, citan el Decreto regulador del Teletrabajo, publicado hace dos años en el Boletín Oficial de Cantabria, cuyo proyecto piloto debería estar implantado pero que aún carece de una comisión de seguimiento para su supervisión.
Ante esta situación, CSIF Cantabria exige a la Consejería de Presidencia que asuma sus responsabilidades y active de manera inmediata los mecanismos de control previstos, con el fin de garantizar un entorno laboral seguro, igualitario y respetuoso. A juicio del sindicato, la administración no puede demorar más la puesta en marcha de herramientas diseñadas precisamente para prevenir abusos y proteger los derechos de los trabajadores públicos.
