El concejal de Hacienda ha recordado que la Ley 7/2022 establece la obligación de equilibrar económicamente la gestión de residuos, pero ha rechazado que el cumplimiento de la normativa deba realizarse exclusivamente mediante el incremento de los precios que soportan las entidades locales.
«La ley se puede cumplir de dos maneras: reduciendo gastos o incrementando ingresos. La vía de incrementar los ingresos es la sencilla, la rápida y la fácil, pero estrangula económicamente a los ayuntamientos», ha explicado.
Pérez Noriega ha cuestionado que el Gobierno de Cantabria opte por incrementar los precios sin agotar previamente otras posibilidades para contener los costes del servicio.
«Ir por la vía de los ingresos equilibra el resultado económico de MARE, pero perjudica a todos los ayuntamientos, que tienen que soportar incrementos de esta magnitud. En el caso de Torrelavega estamos hablando de casi 900.000 euros en dos años», ha enfatizado.
Por este motivo, ha pedido al Ejecutivo autonómico que reduzca en lo posible los gastos asociados al servicio, mejore la eficiencia de la gestión y busque ayudas o fórmulas de financiación complementarias para evitar que el incremento termine repercutiendo en las entidades locales y, finalmente, en los ciudadanos.
«Que el Gobierno de Cantabria cumpla la ley reduciendo en lo posible todos los gastos asociados a este servicio y que colabore con los ayuntamientos. Hay otras medidas, otras actuaciones y la posibilidad de buscar ayudas o algún tipo de complemento para que los ayuntamientos no tengan que repercutir estos incrementos a sus ciudadanos», ha defendido.
Pérez Noriega también ha criticado la forma en que se trasladan los nuevos precios a los ayuntamientos, con escaso margen para modificar unos presupuestos municipales que ya están aprobados y en ejecución.
«La gestión de residuos no puede aumentar sus costes perjudicando a los vecinos»
«Nos enteramos prácticamente de un mes para otro y estos cambios de precio sorpresivos nos dejan muy tocados», ha lamentado.
El concejal ha reconocido que los nuevos precios pueden estar contemplados en documentación presupuestaria del Gobierno autonómico, pero ha insistido en que incrementos de esta magnitud deberían comunicarse y consensuarse con suficiente antelación con las entidades locales.
«Los ayuntamientos vivimos en el día a día y trasladar subidas de este importe sin la necesaria puesta en común nos deja en una situación muy difícil de revertir en el mismo ejercicio en el que se producen», ha indicado.
El coste de la gestión de la materia orgánica
El concejal de Hacienda también ha cuestionado la política seguida por el Gobierno de Cantabria respecto a la implantación de la recogida separada de la materia orgánica.
Pérez Noriega ha recordado que inicialmente se anunció un coste cero para facilitar la implantación de esta nueva fracción. Sin embargo, en la práctica, los ayuntamientos están pagando por su tratamiento mientras se incrementa también el precio aplicado al resto de residuos.
«El resultado es un incremento de costes que los ayuntamientos no podemos asumir», ha denunciado.
El concejal ha señalado que existen comunidades autónomas, como Asturias, donde, con la misma ley, mantienen el coste cero para la gestión de la materia orgánica, y ha reclamado al Ejecutivo autonómico que adopte medidas para reducir el impacto económico que la gestión de los residuos está teniendo sobre los municipios cántabros.
Pérez Noriega ha reiterado que el Ayuntamiento está realizando un esfuerzo presupuestario para afrontar el incremento de los costes sin trasladar directamente a los vecinos una subida de esta magnitud y ha reclamado al Gobierno de Cantabria que asuma su responsabilidad en la gestión del servicio.
«El Gobierno de Cantabria debe cumplir la ley, pero tiene que hacerlo reduciendo en lo posible los gastos, mejorando la gestión y colaborando con los ayuntamientos. No puede optar siempre por la vía fácil de incrementar los precios y trasladar el problema a las entidades locales y, finalmente, a los ciudadanos», ha concluido.
