Paula Fernández Viaña intervendrá el próximo martes en el Pleno del Congreso de los Diputados para defender la proposición de ley que busca corregir la discriminación salarial y profesional que afecta a enfermeras y fisioterapeutas en la Administración Pública. La diputada regionalista participará en el debate del texto remitido por el Parlamento de Cantabria, aprobado en junio como iniciativa legislativa autonómica con el respaldo del PRC, PP y PSOE.
La propuesta plantea modificar el Estatuto Básico del Empleado Público con el fin de reconocer la formación universitaria de estos profesionales y equiparar su clasificación y retribución con la del resto de grados sanitarios. El planteamiento surge de una proposición no de ley aprobada por unanimidad en abril y culminó en el proyecto que ahora será sometido a consideración de la Cámara Baja.
Fernández ha destacado que este trámite supone un avance relevante para actualizar una normativa que continúa anclada en el modelo previo al Plan Bolonia. Antes de la reforma universitaria, las titulaciones se dividían entre diplomaturas de tres años y licenciaturas de cinco. Con la implantación del grado, vigente en España desde 2010-2011, todas las titulaciones pasaron a tener la misma duración y estructura académica, un cambio que no ha sido incorporado plenamente en la Administración Pública y que mantiene a la enfermería en una categoría que la diputada considera obsoleta.
El Congreso estudiará la reforma que impacta en la enfermería y en otras titulaciones sanitarias
Según ha explicado, esta falta de adaptación limita tanto el reconocimiento salarial como el acceso a determinadas responsabilidades dentro del Sistema Nacional de Salud. Confía en que el Congreso tome en consideración el texto procedente de Cantabria y avance en su tramitación para saldar una deuda que, a su juicio, se mantiene con estos colectivos desde hace más de una década.
La iniciativa también contempla la creación de una nueva categoría A+ destinada a los médicos, en reconocimiento a la mayor carga formativa que exige esta profesión respecto al resto de grados sanitarios. Con ello se persigue ordenar de forma más coherente la estructura profesional y responder a las reivindicaciones planteadas desde distintos ámbitos sanitarios.
El debate del martes abre una fase determinante para que la Administración actualice la clasificación de sus profesionales, reconozca la formación universitaria real del sector y garantice un marco laboral más equilibrado. De prosperar la reforma, las enfermeras podrían acceder a categorías acordes a su titulación, mejorar sus salarios y optar a puestos directivos actualmente vetados por la estructura vigente.
